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Comarcas

Sampol denuncia diferente trato en el caso de can Ganxo y en el de la piscina de Pedro J.

Tras 10 meses Madrid informa al senador sobre la casa de cala Tuent

M.R
«El Estado español no tiene el mismo trato para todos los ciudadanos de Mallorca». Así de contundente se manifestó el senador autonómico por el Bloc, Pere Sampol, refiriéndose a los propietarios de la casa de casa Ganxo, en Cala Tuent, y a Pedro J. Ramírez y a su piscina de la Costa de los Pinos. Y es que después de 10 meses, el Gobierno ha contestado la solicitud de Sampol de revisar la demolición de la casa de can Ganxo.

Sampol quería saber si se ajusta a la ley en la cual un expediente iniciado con una solicitud de concesión administrativa por parte del interesado se puede convertir en una orden de demolición ya que según explicó el senador autonómico por el Bloc «eso era lo que pasó con can Ganxo». Y es que a los propietarios de la mencionada edificación, cuando solicitaron su legalización, se les contestó de manera negativa y, además, se les notificó que tenían 60 días para demoler la casa.

Ante este hecho, Pere Sampol formuló las pertinentes preguntas en el Ministerio, desde donde, además de la respuesta, le han enviado un informe elaborado por los servicios jurídicos del Estado del año 1993, en el cual figura que «can Ganxo puede aspirar a legalizar la construcción» y más abajo del mismo informe consta que la propiedad ha solicitado la legalización. Esta edificación fecha de antes de 1923 y no fue hasta 1965 cuando se aprobó la partición de costas, de manera que la casa de can Ganxo, en su momento, se edificó fuera de dominio público.

No obstante, desde la Demarcación de Costas ordenaron demoler can Ganxo, aunque a día de hoy esta maniobra está paralizada, «mientras que no se ha puesto ninguna pega a la piscina de Pedro J., sino todo lo contrario». En este sentido, Pere Sampol explicó que «la piscina que tiene Pedro J. en la Costa dels Pins es ilegalizable porque ya se construyó después del año 1965 y, en su momento, ya se levantó dentro de una zona de dominio público». En cambio, sin embargo, el senador lamentó que «a Pedro J. no le han enviado ninguna orden de demolición como la que enviaron a los propietarios de can Ganxo».

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