La decisión de la Abogacía del Estado español de recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la concesión de la piscina que el periodista Pedro J. Ramírez disfruta sobre las rocas de la Costa dels Pins, en Son Servera, ha vuelto a movilizar a diferentes asociaciones en defensa del medio ambiente y del derecho de paso por los caminos públicos y por la zona marítimo-terrestre.
Miembros de Gadma (Grup d'Amics en Defensa del Medi Ambient), Lobby per la Independència, Plataforma Pro Caminos Públics i Oberts, Roques sense Ciment o el Ateneu Gabriel Buades de Inca fueron algunas de las entidades que ayer colgaron pancartas reivindicativas bajo la piscina del director de El Mundo. La pancarta unitaria «Prou de privilegis i submissió, la costa és de tots» fue desplegada sobre las rocas por los dirigentes de las asociaciones, junto con dos letreros más que rezaban «La costa és de tots» y «Ja n'hi ha prou, cap privilegi!».
Cinco años en lucha
Josep Palou del Lobby per la Independència recordó que «ahora ya se cumplen cinco años que reivindicamos el dominio público en la costa y como que las noticias que nos llegan desde Madrid no nos gustan, no nos ha quedado más remedio que volvernos a movilizar», en alusión a que el Estado recorrerá la sentencia de la Audiencia Nacional. A su vez, estas asociaciones también han recurrido para anular la concesión que otorgó el ex ministro de Medio Ambiente Jaume Matas, en 2001, para que la piscina vuelva a ser pública y finalmente demolida.
En este sentido, Palou criticó que la Abogacía del Estado «actúe como un abogado particular de Pedro J. Ramírez», a la vez que alertó de unas modificaciones que se están llevando a cabo en la Ley de Navegación Marítima, «que permitirían la renovación y perpetuación de concesiones como la que nos ocupa».
El dirigente independentista y Bernat Fiol de Gadma también denunciaron la doble vara de medir de la Demarcación de Costas que «carga contra los pobres ordenando la demolición de casas de pescadores y escars, o las Casetes dels Capellans de Muro, pero con los ricos y poderosos no goza enfrentarse», tildando la situación de «vergüenza».
Así enlazó con el caso de la piscina de los herederos del doctor Gregorio Marañón que, a pesar de tener una orden de demolición de 1993, a día de hoy todavía no ha sido ejecutada. Palou no escatimó críticas a los gobernantes y apuntó que la actual situación recuerda «a la beatiful people que puso de moda el PSOE en tiempo de Felipe González, pero todo el mundo ya sabe y recuerda como acabó el gobierno socialista».