MARGALIDA RAMIS
El juicio por la titularidad de varias edificaciones del Castell d'Alaró quedó ayer visto para sentencia, después de que las partes elevaran a definitivas sus conclusiones y de haberse celebrado una primera parte de la vista oral el pasado día 4 de mayo en el juzgado de Instrucción 6 de Inca. Miguel Àngel Ordinas, hijo y representante del demandante, Lorenzo Ordinas, fue el primero en intervenir y procedió a su defensa de la demanda que interpuso contra el Obispado de Mallorca para reclamar la propiedad de los edificios de obra nueva, sa Tarverneta, los establos y una serie de terrenos colindantes a estos edificios, que en total suponen una superficie de poco más de cuatro mil metros cuadrados.
Así pues, Ordinas, quien inició su intervención manifestando que «con la Iglesia hemos topado», se remontó a la historia del castillo y a su inscripción registral, relatando las hasta 10 actas registrales existentes y enfatizando el hecho de que «a partir de la séptima inscripción con fecha de 23 de octubre de 1923 se excluye únicamente la Hospedería y el Oratorio». En este sentido Ordinas señaló que «todo, a excepción de los 440 metros cuadrados correspondientes a estos dos edificios, es propiedad de Lorenzo Ordinas», y apuntó a «una estrategia diabólica de la Iglesia católica para intentar robar al propietario del castillo».
Por su parte, el letrado defensor del Obispado Joan Ramon Vivern, destacó que «la soledad es lo que más ha caracterizado la parte procesal», refiriéndose a Lorenzo Ordinas, quien no aportó ningún testigo durante el juicio.
Asimismo, el representante del Obispado remarcó que «el demandante no ha aportado ninguna sola prueba que acredite la posesión del título de lo que reivindica», y apuntó que «el origen y el motivo de la denuncia es que en el momento de la partición de la herencia de Lorenzo Ordinas con sus tres hermanos, éste no quedó contento con el lote que se le asignó por sorteo». En este sentido, Vivern señaló que «cuando se realizaron los cuatro lotes, el número 1, que fue el que tocó a Lorenzo Ordinas, es el que incluye más metros cuadrados de terreno, precisamente porque no incluía ninguna edificación».
Asimismo, el letrado recordó el testimonio del senador Xavier Ramis, que fue el perito encargado en el año 1995 de distribuir los lotes, de los que «se excluyeron los 4.298 metros cuadrados y no se formuló ninguna queja ni ninguna duda en todo el procedimiento».
En la misma línea se expresaron los letrados defensores del Ajuntament, Pedro Simonet, y de la Fundació Castell d'Alaró, Lorena Oliver, quienes además de enfatizar que el demandante no había aportado título de las edificaciones reivindicadas, recordaron algunas declaraciones de los testimonios., como las palabras de Pedro Bennássar, hijo de uno de los obreros de las edificaciones del castillo, quien explicó que «mi padre cobraba de la Iglesia».