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El ex alcalde de Alaró hizo obras ilegales en su caseta de Consell cuando ocupaba el cargo

El que fuera primer edil socialista acumula ya tres expedientes de infracción urbanística en la misma finca rústica

La caseta ilegal propiedad del ex alcalde se encuentra cerca de la estación de tren Consell-Alaró.

ANTONI POL

El que fuera alcalde de Alaró la pasada legislatura por el partido socialista, Miquel Deyà, hizo obras ilegales en una finca de su propiedad ubicada en el término municipal de Consell cuando todavía ejercía como batle. Con esa última infracción, que el Ajuntament de Consell detectó en marzo de 2007, el ex alcalde de Alaró acumula ya tres expedientes por obras ilegales en la misma finca rústica.

El 16 de marzo de 2007, a dos meses de finalizar su mandato como munícipe, el Ajuntament de Consell inició la tramitación de un expediente de infracción urbanística contra Deyà por realizar «obras interiores y ampliación» en la finca que éste posee en el municipio. En noviembre de 2008, el Consell de Mallorca emitió un informe al respecto en el que realizó una valoración de las obras por un importe de casi 59.000 euros. El Ajuntament de Consell debe continuar ahora con la tramitación del expediente.

Aparte de que las realizadas obras son ilegales en tanto que la normativa urbanística impide la ampliación de la construcción, en el archivo municipal de Consell no consta que Miquel Deyà hubiera solicitado la necesaria licencia de obras.

En referencia a dicho expediente, el actual alcalde de Consell, Andreu Isern (PSOE), manifestó que «el Ajuntament actuará como en el resto de infracciones». «La tramitación del expediente sigue su curso», dijo.

El historial de infracciones urbanísticas por parte del ex alcalde de Alaró, sin embargo, se remonta a principios de los años noventa. En 1991, el Ajuntament de Consell, entonces presidido por el popular Joan Bibliloni, concedió una licencia de obras a Miquel Deyà para construir una caseta de aperos cuya superficie no superase los 20 metros cuadrados.

Un año después, sin embargo, y tras comprobar que no se ajustaban a lo previamente solicitado, el Consistorio paralizó las obras e impuso una sanción al infractor por valor de 91.392 pesetas.

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