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El GOB exige que los «corruptos» paguen el coste del derribo de los apartamentos de Cala Llamp

Los servicios jurídicos del Ajuntament ya estudian el fallo y las actuaciones a seguir ante la demolición de las edificaciones

Vista de Cala Llamp donde está la calle Tonyina, en la que se encuentran los apartamentos que el GOB denunció. Fotos: MICHELS

C. AGUSTÍN/E.ELOSÚA

Respuesta inmediata del GOB a la sentencia que anula la licencia de obras otorgada por el Ajuntament de Andratx en 2005 cuando detentaba la alcaldía Eugenio Hidalgo sobre un proyecto de 24 casas distribuidas en cuatro bloques de tres plantas, subterráneo, piscina y aparcamiento en terrenos de Cala Llamp, Andratx: «Es una sentencia que, por primera vez, obliga al Ajuntament a restaurar el orden urbanístico infringido, inclusive la demolición de las obras. Esperamos que el Consistorio no recurra la sentencia y que sean los políticos responsables, y no las instituciones, quienes paguen el coste de este proceso», afirmaron Macià Blázquez, presidente del grupo ecologista, y Miquel Àngel March, ex presidente del mismo.

Los representantes del GOB aseguraron ayer que este caso «es de libro» de lo que ha sido el «pelotazo y la corrupción en Mallorca».

«Una licencia concedida por la Junta de Govern del Ajuntament de Andratx en un trámite récord; 15 días», relataron.

Marmacén Sol SL

«La empresa beneficiaria de la licencia exprés, Marmacén Sol SL, tenía entonces como representante al señor Manuel Zapata, imputado en el Caso Andratx, como uno de los empresarios beneficiados por la concesión de licencias de obra de forma irregular al amparo de la ley de ordenación urbana de 1977 que les permitió maniobrar en un permanente estado de indefinición», señalaron.

Fue el GOB quien denunció al Ajuntament de Andratx, al Consell de Mallorca, a la Fiscalía Anticorrupción y, finalmente, interpuso denuncia.

La sentencia dictada el pasado viernes por el juzgado contencioso administrativo número 2 no es firme y, con toda probabilidad, será recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears.

En este sentido, los miembros del GOB esperan colaboración institucional: «No hemos visto un cambio de línea, a pesar del cambio de color político», lamentó Blázquez.

«Creemos que el Ajuntament de Andratx debería reaccionar como en su día lo hizo el de Campos ante la sentencia de Ses Covetes, esto es, desistir».

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