El Ajuntament de Deià recibió ayer un contundente apoyo del Consell de Mallorca tras la dura sanción impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Balears al alcalde Jaume Crespí (PP) por no hacer efectiva la demolición de chalets en Llucalcari. Maria Lluïsa Dubon, consellera de Territori del organismo insular, garantizó a Crespí que la recién creada Agencia de Disciplina Urbanística se hará cargo del derribo de las viviendas ilegales. Ambos responsables políticos mantuvieron una reunión por la mañana, en Ciutat, en la que acordaron la inmediata firma de un convenio para iniciar todas las acciones administrativas que culminen con el derribo de las casas.
El Consell asumirá parte del coste de la demolición, aunque no todo. «La agencia se creó hace poco tiempo, y en el presupuesto para demoliciones no consta en este proyecto. No obstante, confiamos en la colaboración del Govern en este tema», explicó Dubon a este diario. La confirmación de la ayuda del Ejecutivo de les Illes le llegó por la tarde al alcalde de Deià, quien habló por teléfono con Francesc Antich. «El president me ha dicho que colaborará en lo que sea necesario, que se podrá en contacto con el Consell para coordinar las actuaciones», aseguró Jaume Crespí.
La consellera de Territori aseguró que lo primero es conseguir la autorización judicial para que los técnicos puedan entrar a las fincas para redactar el proyecto de demolición, que llevará a cabo el Departament de Cooperació Local. Dubon también quiso precisar que tras la demolición se tendrá que redactar otro proyecto para restaurar el entorno y devolverlo a su estado original. «Que el paisaje quede en condiciones», dijo la consellera.
El alcalde Jaume Crespí se mostró ayer satisfecho tanto por la respuesta del Consell como del Govern, aunque matizó: «Esperamos que esta colaboración sea una realidad».
Los propietarios de los chalets, según informó el alcalde, no residen de forma permanente en las viviendas y, por ahora, no han comunicado al Ajuntament su intención de solicitar indemnizaciones.
«La responsabilidad patrimonial, en todo caso, no se puede solicitar hasta que el derribo ya esté realizado», precisó el batle. «Después de la demolición, también solicitaremos al Govern y al Consell la colaboración de sus servicios jurídicos para estudiar este tema».