La propiedad del hotel Son Moll de Cala Rajada declaró ayer ante la juez titular del juzgado número 2 de Manacor, Martina Mora, que el alcalde de Capdepera Bartomeu Alzina, dio permiso de forma verbal para iniciar las obras de reforma, pese a que no contaba con la pertinente licencia. Estas declaraciones que podrían acabar imputando al primer edil de Capdepera.
Ayer se volvió a vivir una jornada maratoniana de declaraciones en el juzgado número 2 de Manacor. Durante casi diez horas se tomó declaración a los imputados, Antonia Serrano, propietaria del Hotel, y a Rosalía Vidal, administradora de hecho de la sociedad, ambas representadas por la abogada Carolina Ruiz. También comparecieron ante la juez, como imputados, los constructores de la reforma, Rafel Febrer y Bartomeu Estelrich, representados por el abogado, Eduardo Valdivia. Tras las declaraciones, tuvo lugar una comparecencia y posteriormente la juez dictó un auto de libertad para los constructores, pero con el pasaporte retenido y con la obligación de cada quince días pasar a firmar por el juzgado. La acusación particular había solicitado la retirada del pasaporte para las dos representantes de la promotora y prisión preventiva para los constructores.
Rosalía Vidal declaró que el alcalde de Capdepera, en todo momento, había tenido conocimiento de que se habían iniciado las obras y que incluso había dado su autorización de forma verbal. Asimismo, quiso dejar claro que se había solicitado el permiso de ocupación de vía pública y que incluso se habían pagado al Ajuntament las tasas.
También se dejó constancia de que el celador había visitado el lugar y que no procedió al precinto. Otra de las declaraciones que se efectuaron es que el plazo previsto de las obras era suficiente.
Por otra parte, hay que recordar que el alcalde de Capdepera, el mismo día de la tragedia, declaró a los medios de comunicación que las obras que se estaban realizando en el hotel Son Moll no tenían licencia y que faltaba una previa de Turisme y una de Costas. Estas declaraciones levantaron la voz de alarma. Ayer, desde la propiedad apuntaron a que el alcalde conocía que estas obras se realizaban.
La juez también interrogó a los constructores y se interesó sobre la documentación referente a la reforma del hotel. Así, pidió si tenían licencia, si había proyecto básico de ejecución y si se cumplían con los planes de seguridad. También en el transcurso de las declaraciones se apuntó que el arquitecto había dado orden de apuntalar unas ventanas y que esta orden se había llevado a cabo.
Por otra parte, los constructores aseguraron que desconocían el motivo por el que la tercera planta del hotel Son Moll se derrumbó. De hecho, será el dictamen pericia el que determinará las posibles causas de este derrumbe.
Ayer, estuvieron presentes en las declaraciones los abogados de todas las partes personabas. Así, se desplazaron a Manacor José Zaforteza, representante del aparejador, Juan Luis Pujol; Alberto de Juan, abogado del jefe de obra, Joan Bonet, y Gabriel Garcias, abogado del arquitecto Arturo Vila. Asimismo, asistieron los abogados del bufete de Manuel Pomar que representan a los familiares de las víctimas.
Todas estas declaraciones pasaran a formar parte del sumario del caso del hotel Son Moll. Habrá más declaraciones y otras pruebas. Ayer, se llevó a cabo otra inspección en el hotel Son Moll.