FRANCISCO BARRASA
Desde las tres de la tarde de ayer Joaquín Rabasco Ferreira, presidente del partido político ASI y ex concejal del Ajuntament de Llucmajor, es un interno de la prisión de Palma.
La sección segunda de la Audiencia, que lo había condenado hace unas semanas a seis años de cárcel por malversación de caudales públicos e insolvencia punible en el 'caso facturas de Llucmajor', asumió, tras una hora de debate, la petición de la Fiscalía de privar de libertad a Rabasco «por grave riesgo de fuga», y en todo caso hacer eludible la prisión con una elevada fianza. Los magistrados decidieron imponerle una caución de 120.000 euros, y al expresar el reo que no disponía de ella se ordenó su traslado inmediato al presidio palmesano.
En nombre del Ministerio Público, el fiscal Juan Carrau reclamó en la «vistilla» de ayer el ingreso en prisión de Rabasco «por el riesgo de fuga que aparece inscrito en la condena a seis años de cárcel», así como por el recurso ante el Supremo que ha formulado la Fiscalía de Balears «en el que interesa un incremento de la penalidad», y por la existencia «de otros procedimientos penales que tiene pendientes el acusado». En ese último caso aludió a un sumario abierto en Instrucción 6 -por malversación de caudales públicos-, y a otros dos de distinta índole en Instrucción 8.
Los magistrados hicieron suya la petición de la Fiscalía, consideraron que Joaquín Rabasco «no ofrece suficientes garantías de sujeción al proceso», y apreciaron «un nada desdeñable riesgo de que durante la tramitación del recurso de Casación pudiera intentar sustraerse a la acción de la justicia y fugarse».
Junto a esas razones de carácter general, la sala fundamentó ayer la privación de libertad de Rabasco «en la conducta alcista observada por el acusado y que recoge la sentencia dictada, de constitución de sociedades interpuestas y apoderamiento subrepticio de fondos públicos con enriquecimiento personal».
Para los jueces, «eso le ha permitido beneficiarse de una importante suma de dinero, que no ha aflorado, y cuya disposición y ocultamiento le permitiría ejecutar y materializar su huida».
Más claro aún resulta el último párrafo de la decisión judicial, cuando la sala -integrada por los magistrados Eduardo Calderón, Diego Gómez-Reino y Eduardo Ramón- afirma que «mucho tiene que ganar el acusado si elude la acción de la justicia y nada que perder, ya que carece de vinculaciones familiares suficientes para permanecer a disposición del tribunal».
Con respecto a la cuantía de la fianza por la que a partir de ahora podría Rabasco volver a estar en libertad, los jueces justifican que el abono de 120.000 euros «le permitiría valorar que ante el riesgo de fugarse y de perder la suma afianzada, le convendría más permanecer a expensas de este tribunal».