V. MALAGÓN / F. BARRASA
Dos técnicos del Consell insular de Mallorca y el propio arquitecto contratado por los caballistas certificaron ayer que en la finca del ex alcalde de ses Salines Sebastià Vidal había una vivienda. Un total de catorce testigos declararon ayer en la segunda jornada del juicio. De todos ellos, el interrogatorio más largo fue el del arquitecto Joan Serra, que fue el encargado de tramitar la declaración de interés general para legalizar la finca del ex alcalde de ses Salines.
Serra señaló que en la finca había dos edificaciones: una principal y las cuadras. Al pedir el interés general se pretendían legalizar las cuadras, ya que, según el arquitecto, la casa ya era legal. Aún así, tras varias preguntas de la Fiscalía admitió que podrían ser una vivienda.
De forma más taxativa, dos técnicos del Consell sentenciaron que el inmueble «tenía una tipología totalmente de vivienda». Según la declaración de uno de ellos, Pedro Trobat, el edificio tenía una planta principal con un porche de entrada, dos habitaciones, un baño, cocina y una sala más grande. En el sótano había una lavadora y pienso para caballos y otras habitaciones en un desván.
El edificio tenía además aire acondicionado y antena de televisión. Los dos técnicos realizaron dos visitas a la finca. En la primera no les dejaron entrar en la casa y en la segunda, realizada tres días después, el propio Vidal les acompañó en el recorrido. Según su testimonio, en esa segunda visita no encontraron muebles en la casa. En la misma línea declaró la otra técnica del organismo insular, Adriana Pousa. Además, ambos señalaron que la casa les había parecido relativamente moderna. En concreto, admiten que la parte central de la misma puede ser antigua, pero que el resto de la edificación se amplió hace unos diez años, aunque admitieron que no era ese el objeto de su inspección. La antigüedad de la finca es especialmente relevante para determinar si el informe que realizó el celador de ses Salines, Sebastià Escalas es falso o no.
El arquitecto explicó que sólo era necesario legalizar la cuadra mediante el interés general. Para ello había que ejecutar una serie de obras para convertir el edificio principal en un centro social. Serra señaló que, para eso, había diseñado un proyecto cuyo coste era de 135.000 euros y que implicaba tirar tabiques y habilitar una habitación para que viviera en ella un mozo de cuadra.
En la sesión del juicio de ayer también comparecieron varios socios de la Asociació de Cavallistes de ses Salines. Su presidente cuando se solicitó la declaración de interés general para la finca, Joan Quetglas declaró que fue el arquitecto Joan Serra quien les aconsejó solicitar el interés general. También reconoció que la asociación no tiene fondos para convertir la cuadra y la casa en un centro hípico.
Tanto él como el resto de caballistas interrogados incidieron en que tanto la decisión de constituirse en una agrupación como la de que la sede social fuera la finca de Vidal se tomó de forma colectiva. «Se habló entre todos nosotros», explicó Quetglas. Las declaraciones de éste y de otros dos jinetes sirvieron para enumerar las actuaciones que habían desarrollado en distintos municipios mallorquines e incidir que desde hace años son las mismas personas las que actúan juntas. También comparecieron como testigos Jaume Rosselló y Jaume Aguiló, encargados de contratar a los caballistas en distintos espectáculos. El primero aseguró que les llama de forma habitual «a título personal». En una línea similar, el segundo sentenció que él llamaba a «amigos, no asociación».
Por la tarde declararon, entre otros, los concejales y ex concejales de Montuïri Jaume Bauzà, Mateu Fiol y Rafael Fullana, quienes dijeron haber tenido constancia de que a las fiestas del pueblo concurrían desde hace años caballistas de ses Salines, aunque según su testimonio la convocatoria para esas exhibiciones ecuestres la llevaban a cabo siempre a través del organizador inquer de estos eventos, Jaume Rosselló.
Las partes renunciaron ayer a varios testimonios, entre los que destaca el de la madre de Sebastià Vidal, Catalina Bonet, quien figura en la solicitud de alguno de los informes de la causa.