Las personas de Sant Joan mayores de 65 años y con una renta igual o inferior a la que marca el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) "que en 2008 es de 516'90 euros", tendrán gratuidad en la expedición de certificados municipales y en la tasa de licencias urbanísticas, siempre que sea por obra menor. No obstante, para beneficiarse de estas ventajas deberán contar con un informe favorable de los Servicios Sociales.
Así lo decidió por unanimidad el pasado martes el Ajuntament de Sant Joan en un polémico pleno y a partir de una moción presentada por Assemblea per Sant Joan que posteriormente fue modificada por el equipo de gobierno.
El hecho de requerir un informe de los Servicios Sociales fue lo que desencadenó las disputas entre el equipo de gobierno y el grupo de la oposición. Mientras que la alcaldesa, Maria Teresa Munar, acusó a la Assemblea de querer cargar de competencias al Ajuntament al no requerir un informe de Servicios Sociales, Catalina Gayà, portavoz de la Assemblea, replicó que dicha argumentación no tenía sentido, ya que el IPREM lo establece Hacienda y no tiene nada que ver con los funcionarios del Ajuntament.
Con estas medidas se pretende paliar los efectos de la crisis económica en un grupo de población especialmente desfavorecido: el de la gente mayor y con pocos recursos.