CARMEN RUIZ DE GALARRETA.
Los alcaldes de Unió Mallorquina (UM) no se adherirán a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística que impulsa el Consell de Mallorca si no se aclara la financiación de este nuevo organismo. Así lo plantearon ayer ante la asamblea de alcaldes que se celebrará el próximo jueves en Lloseta, donde la constitución de la agencia de disciplina urbanística forma parte del orden del día. Unió Mallorquina comparte la filosofía del proyecto, «pero sobre los criterios de financiación hay bastantes sombras. Existe el peligro de que se convierta una macromaquinaria y, al final, quite capacidad a los ayuntamientos», indicó ayer Catalina Julve, portavoz de UM tras la reunión mantenida con trece alcaldes y los regidores -siete más- que accederán a la Alcaldía esta legislatura.
Según los argumentos de UM, la agencia urbanística tendría que asumir el personal de los departamentos de Urbanismo que quedarán desmantelados. «Los ayuntamientos tienen contratados celadores, arquitectos, etcétera expresamente para temas de urbanismo, a los que tendremos que seguir pagando sin tener las competencias», aseguró Guillem Ginard, afectado como alcalde de Campos y vicepresidente del partido. «El Consell pretende crear otro cuerpo de funcionarios, dejando de lado el personal municipal».
Además, para el partido nacionalista, no están claros los criterios de financiación, por lo que proponen que el pago quede establecido en función del servicio que se preste en cada municipio. «El coste no puede ser uniforme para todos los pueblos, sino según los expedientes urbanísticos que se tramiten», agregó Ginard. UM no quiere que se cree una «historia» como los bomberos de Mallorca en que los ayuntamientos tienen que pagar los servicios, pero es el Consell quien lo dirige. Tampoco queda claro, a su juicio, cómo se reinvertirá el dinero de las sanciones de los expedientes, lo único que se sabe es que se destinarán en función de los necesidades medioambientales.
Los alcaldes también pedirán agilidad en la tramitación de los expedientes urbanísticos. «La tramitación en el Consell deja bastante que desear y tendría que mejorar», aseguró Ginard.
Si no se aclaran estas cuestiones, insistió el vicepresidente de UM, no votarán a favor. El Consell aprobó en los presupuestos del Govern una partida de 600.000 euros para la agencia urbanística y se pretende nombrar un director general. «Se crean cargos y los alcaldes se quedan sin recursos», apostilló Julve.
Conocida la postura de Unió Mallorquina, ayer mismo se iniciaron las negociaciones con el PSOE para intentar llegar a un acuerdo antes de la asamblea de los alcaldes que se celebrará mañana en Lloseta. Los socialistas, que están al frente de Urbanismo en el Consell de Mallorca, no quisieron valorar las condiciones impuestas por UM mientras se negocia un acuerdo.