El Pleno del Ajuntament de Llucmajor aprobó ayer las ordenanzas fiscales para 2009, con los impuestos congelados, las tasas adaptadas en su elevación al IPC interanual del 4'9% y el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) con un gravamen municipal del 0'564. La regidora de Economía y Hacienda, Margalida Roig, expresó la posición de la mayoría gobernante indicando que siendo conscientes de la crisis económica, «nadie le regala nada al Ajuntament, y los suministros nos llegarán con la variación del índice de precios». La oposición, que no había presentado una alternativa, se abstuvo en la votación.
Facilidades de pago
Las ordenanzas fiscales para el año próximo acumularon las intervenciones de los partidos políticos en la sesión plenaria, aunque en sentido estricto no hubo otras propuestas alternativas al documento de la mayoría PP-ASI.
La regidora Roig contestó a los parlamentos de los portavoces de PSOE, UM y Bloc, que insistieron en el deseo de que los vecinos de Llucmajor no soportasen un aumento de la presión fiscal en un año que será muy complicado para las economías domésticas, y pormenorizó que las tasas se verán repercutidas únicamente en el aumento del IPC, y que tanto buena parte de esos precios públicos y el IBI tendrán importantes bonificaciones para las rentas más bajas, así como facilidades de pago y fraccionamientos.
Con todo, antes de la votación la portavoz del Bloc, Joana Lluïsa Mascaró, y el de UM, Joan Oliver, coincidieron al señalar que «un recorte de gastos innecesarios, de los que hay muchos ejemplos con este equipo de gobierno, y una mejor gestión general, podrían haber supuesto una menor elevación de las tasas en Llucmajor».
Por el procedimiento de urgencia el Pleno aprobó, previo informe de los servicios técnicos y jurídicos del Ajuntament, que se incorpore a la ordenanza municipal que afecta a las antenas de telefonía móvil una de las cuatro alegaciones presentadas por la concejal Mascaró. Concretamente se trata de conceder dos años para adaptarse a la normativa vigente a las que fueron instaladas en su día sin licencia, y la obligación de concordar con la norma para las que estaban en trámite de regularización en el momento de ser aprobada por la Corporación.