La magistrada Carmen Frigola Castillón envió ayer un requerimiento al Ajuntament de Santa Margalida para que justifique la procedencia de los fondos con los que se ha pagado la multa de 1.000 euros que impuso al alcalde Martí Torres por no ejecutar una sentencia de derribo contra una terraza ilegal de una vivienda de Can Picafort.
La juez sospecha que se ha podido cometer un delito de malversación de fondos públicos dado que según la sentencia debía ser el alcalde quien pagara la multa de su propio bolsillo pero en el justificante de ingreso de la misma la consignación de la multa se ha hecho a nombre del Ajuntament de Santa Margalida.
La juez requiere ahora al secretario municipal «para que en el plazo de diez días certifique la procedencia de los fondos utilizados debiendo especificar si son fondos públicos o pertenecen al peculio personal del alcalde».
La juez advierte de que dicho certificado servirá «para depurar posibles responsabilidades penales, inclusive por malversación de caudales públicos en el caso de que hubieran sido sufragados con cargo al erario público».