V. MALAGÓN / M. RAMIS
El Consell va un paso más allá y, después de desclasificar es Guix, pretende ahora que se declare ilegal la licencia municipal para construir esta urbanización en la Tramuntana. Así, el lunes, los servicios jurídicos de la administración insular presentaron ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo una demanda contra el Ajuntament por otorgar el permiso. La base de la reclamación es que los terrenos en los que se ubica es Guix siempre han sido rústicos.
La consellera de Territorio, Maria Lluïsa Dubon, señala que «donde hay un esfuerzo de los servicios jurídicos es en demostrar que nunca ha sido suelo urbano». Según el Consell, las presuntas irregularidades se inician en 1993, cuando el Ajuntament d'Escorca aprueba su planeamiento. Entonces califica como suelo urbano los terrenos, que dos años antes habían sido protegidos por la Ley de Espacios Naturales. Para hacer ese cambio, el Ajuntament argumentó que esa zona ya tenía todos los servicios implantados, por lo que era suelo urbano.
Pagado por el Consell
Dubón señala que en aquel momento eso era falso y que, desde entonces, el Ajuntament ha puesto en marcha esas dotaciones, en muchos casos con financiación del propio Consell. Así, más de 600.000 euros del Pla d'Obres i Serveis habrían financiado la urbanización de es Guix. «El Ajuntament ha ido colando, poco a poco, una obra planificada desde el principio», afirma Dubón. La consellera asegura que el inicio de esta demanda está en un informe de la propia Universidad de les Illes que luego habrían desarrollado los técnicos del Consell. A este argumento se suman otras consideraciones técnicas y patrimoniales para rechazar la urbanización de es Guix.
Tanto Dubón como la vicepresidenta del Consell, Joana Lluïsa Mascaró, destacaron que la demanda refuerza la decisión de desclasificar el suelo. «Esta urbanización es un tema muy grave contra el que teníamos que actuar», afirma Dubón. Así, es Guix seguirá parada triunfe o no la demanda. Los efectos prácticos de la nueva demanda serían que la responsabilidad de la paralización correspondería al Ajuntament y no al Consell, por lo que el Consistorio sería responsable de afrontar cualquier indemnización por conceder una licencia ilegal. Mascaró abre la puerta a que, una vez se dilucide si la licencia estaba bien dada o no, se puedan pedir responsabilidades al alcalde, «pero eso es una segunda fase», concluye.