El fiscal Anticorrupción, Juan Carrau, añade el delito de malversación de fondos públicos a los tres acusados en el 'caso Llucmajor'. El alcalde del municipio, Lluc Tomàs, para el que el ministerio público solicita ocho años de prisión y 23 de inhabilitación para cualquier cargo público, cuando antes sólo afrontaba una posible pena de dos años de cárcel. En sus conclusiones definitivas, la Fiscalía pide 18 años de cárcel para el ex concejal y líder de ASI, Joaquín Rabasco, y otros 15 para su antigua secretaria, María del Amor Aldao. A estos dos últimos, les acusa de cinco delitos: negociaciones prohibidas, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias y alzamiento de bienes.
Tras conocer el aumento de penas solicitado por Carrau, las tres defensas pidieron la suspensión de juicio para presentar su propio informe. Así, la vista oral concluirá con este trámite el 29 de septiembre y ese mismo día quedará lista para sentencia, una vez que ayer declararon los últimos tres testigos. En cualquier caso, piden la absolución de los tres acusados. El abogado de Aldao va más allá y solicita la nulidad del juicio porque considera que el tribunal no ha sido imparcial. En concreto, señala que el presidente del tribunal, Juan Catany, permitió al fiscal usar documentos de forma parcial en sus interrogatorios y que las tres preguntas que realizó a lo largo del juicio fueron, según el escrito, «de signo inequívocamente incriminatorio».
Conclusiones
A la espera de las conclusiones de las defensas, el relato del fiscal señala que las sociedades creadas por Aldao, en las que Rabasco tendría «amplísimos poderes», contrataron con el Ajuntament por más de un millón de euros por servicios por los que sólo tuvieron que desembolsar algo más de trescientos mil euros. Ese «beneficio desproporcionado» es la causa de que el fiscal haya añadido el delito de malversación de fondos. Además, el fiscal cree probado que Rabasco recibió 15.727.000 pesetas de las sociedades de Aldao y señala que «los pagos se realizaron en atención al cargo público y las funciones que desempeñaba Rabasco y porque con su conducta e influencia iba a conseguir que el alcalde de Llucmajor diera el visto bueno y dictara resoluciones en una serie de contrataciones irregulares». La participación de Lluc Tomàs sería «necesaria e imprescindible», según la acusación pública para adjudicar los contratos. Rabasco conseguiría esa cooperación «merced a la influencia y capacidad de presión que ostentaba sobre él», según afirman las conclusiones.
La sesión de ayer se inició con la declaración del ex miembro de ASI, Jaime Connolly. Éste, confirmó la relación personal entre Rabasco y Aldao, y aseguró que el ex concejal intervenía de forma directa en la administración de las empresas puestas en marcha por su secretaria. Connolly, que reconoció su mala relación con el ex líder de ASI, reconoció que Aldao le pidió que dejara que su domicilio fuera la sede social de una empresa y que oyó hablar con representantes de grupos musicales que posteriormente trabajaban para el Ajuntament.