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Comarcas

El Govern ultima la apertura del centro de día de Vilafranca y la residencia de Montuïri

Familiares de futuros usuarios exigen más celeridad dada su dependencia

GUILLEM MAS
La política asistencial del anterior Govern del PP todavía trae cola. A día de hoy, en la comarca de Manacor, el centro de día de Vilafranca y las residencias de Sant Joan y Montuïri todavía no han abierto sus puertas.

Como siempre, los perjudicados son los futuros usuarios y sus familiares quienes padecen esta situación.
Este es el caso del centro de día de Vilafranca que inauguró el ex president Jaume Matas en marzo de 2007, a dos meses de las elecciones locales y autonómicas, a sabiendas que la infraestructura no cumplía con la normativa y que no podía entrar en funcionamiento durante meses a causa de múltiples deficiencias.

Como con el resto de centros o residencias como las de Sant Joan y Montuïri, casi todo está a punto, pero se está pendiente de permisos. Una espera que se hace cuesta arriba y muy difícil de explicar a los futuros usuarios y familiares que se desesperan ante tanta espera. La burocracia es lenta a pesar de que, como en el caso del Ajuntament de Vilafranca, los Consistorios presionen para agilizar trámites.

La consellera d'Afers Socials del Govern de les Illes Balears, Fina Santiago, ha avanzado que el centro de día de Vilafranca entrará en funcionamiento el próximo mes de septiembre. Otro punto por resolver es la relación bilateral que deberán consensuar el Govern y la asociación de la tercera edad, en vistas al uso de la infraestructura.

Por otra parte, la consellera también se refirió a la residencia de Montuïri que presumiblemente abrirá sus puertas entre los meses de octubre y noviembre de este año.

Otro de los centros problemáticos es el de Sant Joan cuya obra se inició sin contar sin un sólo permiso. A ello hay que añadir algunos problemas internos de la empresa constructora que han retrasado todavía más su construcción.

Ante tanto retraso, la consellera Santiago no descarta que el Govern balear multe a las empresas constructoras por daños y perjuicios, mientras desde la Conselleria se revisan las causas de los retrasos.

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