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Ses Salines

Joan Llabrés afirma que reconocieron un club de caballistas a petición del ex alcalde de ses Salines

El ex concejal 'pobler' afirma que no conocía personalmente al ex regidor que necesitaba hacer pasar su chalet ilegal por un club hípico

Joan Llabrés Cladera, ex concejal de sa Pobla, declaró ayer como imputado en el Tribunal Superior de Balears. Foto: M.A.CAÑELLAS

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El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) tomó ayer las riendas del 'caso Caballistas', que investiga los presuntamente falsos avales para la «conversión» por interés general del chalet que había construido ilegalmente en na Fonda Sebastián Vidal, el ex alcalde de ses Salines, como centro social y club hípico para caballistas de varios pueblos mallorquines, y lo hizo recibiendo la declaración como nuevo imputado -el decimotercero en la causa- al ex concejal del PP en sa Pobla Joan Llabrés Cladera.

Esta es la primera comparecencia que se produce en la Sala Civil y Penal del TSJIB después de que se declarara competente para instruir este caso debido a la condición de aforada de la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, imputada en el caso.

Llabrés declaró durante más de dos horas ante el magistrado Antonio Monserrat, que se interesaba en conocer de dónde partió la «sugerencia» de informar favorablemente desde el Ajuntament de sa Pobla sobre la presencia tradicional de caballistas en las fiestas. El ex concejal afirmó que la petición partió del entonces alcalde de ses Salines, Sebastià Vidal, -al que dijo no conocer personalmente-, quien se la hacía a su colega de sa Pobla Antoni Serra, en cuya ausencia él contestó la llamada comprometiéndose a transmitir el «recado».

Según su declaración, Torres le dijo que hiciera «comprobaciones» de que tal cosa era cierta, y en caso afirmativo ordenase a un funcionario redactar el informe, que a la postre junto a los emitidos en el mismo tenor desde los Consistorios de ses Salines, Inca, Santanyí, sa Pobla, Felanitx, Campos, Llucmajor, Lloret, Santa Margalida, Montuïri y Selva, y los posteriores dictámenes «favorables» de las Conselleries de Agricultura, Medi Ambient, Presidència y Turisme, avalaron la concesión de la declaración de interés general por parte del Consell de Mallorca que así «legalizó» un chalet edificado años atrás sin ninguna bendición municipal y que estaba denunciado ante las autoridades por un vecino.

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