El grupo municipal del PSOE recordó que el próximo lunes termina el período que tenía el Ajuntament para rectificar las deficiencias detectadas por el Consell en la obra del mercado cubierto y «no han hecho nada», puntualizó el portavoz socialista Xavier Ramis. Además, Ramis denunció que «después de prácticamente 7 meses de advertir que las obras del mercado cubierto eran ilegales el equipo de gobierno todavía no las ha paralizado».
Hace tres meses que el departamento de Territorio del Consell instó al Ajuntament d'Inca a revisar la obra del mercado cubierto, después de que los informes técnicos y jurídicos del mismo departamento confirmaran que había habido «irregularidades urbanísticas» y que «las obras no cumplen el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Inca». En la misma notificación, el Consell alertó al Ajuntament de que en caso de que las deficiencias no fueran subsanadas, se abriría un contencioso-administrativo.
En este sentido, el portavoz de la oposición socialista explicó que «durante este tiempo, el equipo de gobierno era consciente de la ilegalidad de las obras y no han tomado ninguna medida al respecto». Ante esta situación, Xavier Ramis explicó que «pensamos que la situación del equipo de gobierno podría ser de prevaricación ya que no se han paralizado las obras del mercado cubierto, a pesar de ser conscientes de la ilegalidad que suponía y no ha hecho nada de lo que se le ha indicado». El socialista recordó que «el equipo de gobierno ha tenido tres meses para revocar las licencias de obra del mercado, y no ha hecho nada».
16 meses de retraso
Además, Xavier Ramis manifestó que «las obras del mercado llevan 16 meses de retraso, que supone el doble del período de ejecución, ya que el plazo inicial era de 16 meses y ya llevamos 32 y todavía no han finalizado». Por otra parte, Ramis explicó que «en caso de que haya una sentencia que mande demoler la parte ilegal del mercado pediremos que sean los responsables quienes se hagan cargo del coste y no todos los ciudadanos».
El portavoz del PSOE de la oposición añadió que «los miembros del equipo de gobierno 'popular' sabían que cometían una ilegalidad, por lo que ellos deben asumir los costes».