Alrededor de tres centenares de vecinos de Llucmajor acudieron ayer a la convocatoria de la plataforma de Defensa dels Drets del Ciutadans para informarse sobre dos medidas económicas polémicas. Una de ellas es la subida de la tasa del IBI que aprobó el Ajuntament el pasado mes de octubre. La otra, desconocida hasta ahora, es la actualización de los valores catastrales de los terrenos. De esta manera, sube tanto el porcentaje como la cantidad a la que se aplica. El incremento en el recibo que le llegará a cada llucmajorer puede ubicarse en torno al 130 por ciento, según la plataforma.
El malestar en el municipio es evidente y se plasmó en la gran afluencia de vecinos a la convocatoria de ayer. La sala en la que se iba a celebrar quedó desbordada y se tuvo que recurrir a repetir la reunión para que quienes se habían quedado fuera pudieran participar. A lo largo del encuentro se plantearon dos alternativas a las subidas, por un lado acudir al Tribunal de Cuentas para pedir la revisión del valor catastral y, por otro, pedir que el Ajuntament rebaje al tasa que aplica al IBI, y que se sitúa este año en el 0,8 tras una subida del 50 por ciento.
El Ajuntament adoptó la decisión de subir el tipo del IBI, de acuerdo con un plan de saneamiento financiero que aconsejaba tomar esta medida ante la mala situación de las arcas municipales. La última vez que se había revisado el valor del catastro en Llucmajor había sido en 1998 y se situaba en una media de 36.570 euros. Teniendo en cuenta la subida de la vivienda estos años, esta cifra se multiplica. El valor catastral de la vivienda tiende a ser la mitad del precio de mercado. La ley recomienda hacer las revisiones como mucho cada diez años, plazo que cumplía Llucmajor. Según la Dirección General del Catastro, encargada de las valoraciones, este procedimiento se inicia siempre a petición del Ajuntament. A continuación sus técnicos hacen una valoración que tiene que ser también aceptada por el municipio.