Los propietarios de parte de los terrenos de la urbanización del Vilà desclasificados por el decreto ley de medidas cautelares aprobado por el Govern, han solicitado que se excluyan 12 de sus solares de la zona a proteger, al entender que cuentan con los mismos servicios que el resto de la urbanización, donde sí se permite la edificación.
El pleno del Ajuntament tiene previsto aprobar hoy la remisión al Govern de la solicitud de estos propietarios que se acompañará de un informe técnico y otro jurídico, explicando exactamente la situación urbanística de sus parcelas. El Ajuntament quiere además dejar claro que la desclasificación de esta zona no implicará en ningún caso que el Ajuntament asuma futuras indemnizaciones. La Conselleria de Mobilitat i Ordenació Territorial será quien decida.
El portavoz del PP, Bartomeu Cifre (en la oposición), se anticipó ayer a la resolución, pidiendo igualdad de trato a los dos particulares que solicitan la exclusión de los solares.
La urbanización del Vilà ha centrado buena parte del debate urbanístico del municipio desde los años sesenta. Como otras urbanizaciones de aquella época, quedó a medio desarrollar al desaparecer el promotor.
La urbanización debía desarrollarse por compensación, es decir, debían ser los vecinos quienes se hicieran cargo de la reparcelación y dotación de servicios, pero el acuerdo no se llegaba a cerrar. Así, el Ajuntament cambió la normativa para que la urbanización se desarrollara por cooperación, quedando encargado el Ajuntament de ejecutar la dotación de servicios, para después repartir el coste entre los propietarios. Los propietarios respondieron con un contencioso que se resolvió a favor del Ajuntament.
Una vez dispuso de una sentencia firme a favor del sistema de cooperación, el Ajuntament reabrió el debate político sobre si convenía o no desclasificar el Vilà, pero los informes jurídicos indicaban que la desclasificación podría implicar el pago de indemnizaciones, dado que había sido el Ajuntament el que no había dotado de servicios la zona. Por eso, el Ajuntament buscó un acuerdo con los propietarios para reducir el impacto de la urbanización, pasando de los 26 chalets previstos inicialmente a 11 chalets con una reducción de volumen del 20 por ciento.
Ahora, el decreto ley del Govern desclasifica la parte más alta de la montaña y tres de los solares situados en la zona media.