No hay vuelta atrás. El Tribunal Supremo ha condenado al Ajuntament d'Artà a devolver a Cala Veya SA la propiedad y posesión de las casas de Betlem cedidas por convenio urbanístico el mes de julio de 1992. La reciente sentencia del Tribunal Supremo, notificada anteayer, no ha hecho más que confirmar el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Balears del 14 de julio de 2003, que obligaba a la restitución de esta finca ubicada en el área de es Canons. El Tribunal ahora ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el Ajuntament d'Artà y le condena además a pagar las costas. Hay que recordar que, pese a la existencia de la primera sentencia, con cuya ejecución provisional la posesión de la finca ya fue entregada a la propietaria, la promotora, a pesar de tener dicha posesión y en un acto de buena voluntad, ha venido cediendo gratuitamente al Consistorio desde el 2005 el uso de esta finca durante las fiestas de Pascua y en verano.
Antecedentes
Los hechos se remontan a 1989, cuando la Comisión Provincial de Urbanismo de Balears aprobó la modificación del Plan Parcial de es Canons. En el 91, el Ajuntament d'Artà aprobó el proyecto de urbanización. Fue el 15 de julio de 1992 cuando el alcalde, que entonces era Miquel Pastor, y la promotora Cala Veya SA otorgaron escritura pública ante notario en la que se indicó que el Plan Parcial y el proyecto de urbanización incluían espacios de cesión obligatoria. En dicha escritura, Cala Veya SA dio anticipadamente al Ajuntament los terrenos de cesión obligatoria y gratuita según el Plan Parcial aprobado, los cuales sumaban unos 150.000 metros cuadrados y, además, la citada promotora, a petición del Ajuntament, entregó gratuitamente, sin estar obligada por la ley, otra superficie de terreno adicional que incluía las casas de Betlem y el cuartel hasta llegar a los 672.614 euros que la sentencia obliga a restituir.
Desde la promotora señalan que «el asunto no ha acabado, ya que el Tribunal Supremo deberá pronunciarse sobre la indemnización a cargo del Govern balear por la desclasificación operada con la Ley 1/2000 y queda por ver qué hará el Gobierno central con la anunciada expropiación de la parte de la finca lindante con la zona marítimo terrestre».