LL. GARCIA/M. JOY
El pacto de gobierno de Sóller ha tenido que rectificar sus previsiones iniciales y contratará su primer asesor jurídico externo sin concurso, recurriendo a la figura de cargo de confianza. El motivo es la existencia en el negociado de Obras y Urbanismo de más de un millar de expedientes de obras y alegaciones sin informar o sin contestar, lo cual obligará al departamento a recurrir a los servicios externos para sacar adelante todo este gran volumen de papeleo. Según la regidora portavoz del equipo de Gobierno, Catalina Esteva, «la urgencia que existe en terminar toda esta gestión pendiente nos obliga a recurrir a una figura de confianza -aunque su perfil sea eminentemente profesional-, puesto que no tenemos tiempo de preparar un concurso».
Según Esteva, esta primera contratación se hará «por el tiempo que sea necesaria». La regidora añadió que «en estos momentos, es materialmente imposible que los servicios jurídicos propios puedan sacar todo este trabajo atrasado y los expedientes se deben completar como es debido».
Hay que recordar que el anterior equipo de gobierno tenía contratado un gabinete de asesoría jurídica que eran los encargados de redactar la práctica totalidad de los informes jurídicos. Durante toda la legislatura anterior la oposición (ahora equipo de gobierno), lamentó esta situación por el elevado coste que suponía a las arcas municipales y porque no se hacía uso de los servicios jurídicos propios para la tramitación ordinaria de los expedientes. La entonces oposición sospechaba también que los servicios jurídicos contratados se empleaban, sobre todo, para la realización de informes ad hoc según las necesidades políticas del equipo encabezado por Carlos Simarro -a la vez que se dejaban sin contestar alegaciones sobre diferentes temas urbanísticos, presentados por colectivos y ciudadanos- y así se manifestó públicamente en numerosas ocasiones durante los plenarios.