El fiscal ha archivado las diligencias informativas abiertas por el denominado 'caso playas' que precipitó la dimisión del alcalde de Santa Margalida, Antoni del Olmo (PP), el pasado mes de febrero. El fiscal investigaba si del Olmo se habría beneficiado de parte de la recaudación del lote 1 de las playas de Can Picafort, pero tras abrir diligencias informativas no ha encontrado indicios delictivos que justifiquen la presentación de denuncia o querella criminal.
El fiscal considera acreditado que el lote 1 de las playas de Can Picafort, adjudicado en un principio a Riutort Verdera SL, fue subarrendado al ex socio de la mujer del alcalde Gabriel Moranta, pero tras rastrear una docena de cuentas pertenecientes a seis sucursales bancarias cuyos titulares son la mujer de Antoni del Olmo, Martina Alós, o bien la sociedad Playas Mar Balear (que Alós compartía con Moranta), el fiscal no ha encontrado indicios de la existencia de ingresos que puedan corresponderse con recaudaciones ilegalmente efectuadas o que pudiesen pertenecer a los beneficios obtenidos por el lote 1 de las playas de Can Picafort.
El fiscal no sólo archiva el 'caso playas' sino que además informará a Hacienda del presunto fraude cometido por el concesionario de las playas de 2005, Bernat Riutord, porque en sus declaraciones reconoció que como consecuencia del contrato de subarrendamiento a Gabriel Moranta obtuvo unos beneficios de 145 mil euros ,pero que a Hacienda tan solo declaró como beneficios 6.000 euros.