GUILLEM MAS
La ley es igual para todo el mundo o eso quieren hacer creer algunas instituciones. La alcaldesa de ses Salines, Maria Bonet, pasará a la historia, entre otras cosas, por haber ordenado la demolición de una obra que será la primera de la historia del municipio. Una pequeña construcción de 30 metros cuadrados desde donde se divisa la casa en rústico del exalcalde Sebastià Vidal, que hizo pasar como cuadras para obtener el interés general, con total impunidad. Juan Fernández, un vecino de ses Salines, adquirió en 2004 la parcela número 193 del polígono 8 del municipio que era propiedad de un ciudadano extranjero. Cuando compró la finca se le informó que los terrenos contaban con una barraca de unos 30 metros cuadrados y una licencia de obra para poder edificar una casa y su respectivo proyecto.
Con el tiempo, se presentó en el Ajuntament para entregar una modificación del proyecto de la futura casa. Al mismo tiempo, pero, el vecino realizó una pequeña intervención en la barraca en cuestión. Una vez registrado el proyecto de modificación, Fernández es informado que desde el Ajuntament se le había abierto un expediente de infracción urbanística a causa de una denuncia de un vecino de finca. El vecino argumentaba que la barraca descansaba en la pared medianera de las dos fincas.
Fernández consideró que Sebastià Vidal -que en aquel momento era alcalde y la actual alcaldesa Bonet era la instructora del expediente-como alcalde tendría que haber mediado entre los dos vecinos para evitar denuncias de por medio y llegar a una solución pactada. El expediente de infracción urbanística concluyó que se tenía que demoler la barraca, pero un año después, el expediente, por causas administrativas, caducó. Así, Fernández volvió a presentar la modificación del proyecto de la nueva casa y desde el Ajuntament y con «amenazas» se le recordó que para ejecutar el proyecto de la nueva vivienda, primero se tenía que demoler la barraca aunque el expediente infractor hubiera ya caducado «porque el Ajuntament lo puede hacer». Fernández ha tenido que pagar 3.000 euros por el proyecto de demolición y lo que tendrá que pagar por el final de obra, todo para evitar acudir a los tribunales de justicia.