Un contrato podría dar un vuelco total a la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía de las Illes Balears en torno al presunto cobro ilícito por parte del ex alcalde de Santa Margalida, Antoni del Olmo, y su esposa, Martina Alòs, de las cajas de uno de los lotes de hamacas y sombrillas de la playa de Can Picafort en el 2005. Un documento suscrito el 4 de mayo del 2005 entre Gabriel Moranta, ex socio de Del Olmo y su esposa en la explotación de varios lotes de las playas de Muro a través de la entidad Playas Mar Balear SL, y Bernat Riutort, adjudicatario desde el 2003 de la explotación de los balnearios de Can Picafort, podría ser la clave del asunto. En dicho contrato, Gabriel Moranta llegó a un acuerdo con Bernat Riutort en términos semejantes a los de un alquiler por el lote 1 de la explotación de las playas de Can Picafort. Según el documento, el primero pagaría una cuantiosa cantidad para beneficiarse de la explotación del balneario de Can Picafort y, a cambio, el adjudicatario, Riutort, le concedería las cajas diarias del alquiler de hamacas y sombrillas del lote 1.
Según la defensa de Antoni del Olmo, el contrato, por lo tanto, podría deshacer todas las conclusiones vertidas en la prensa durante estos últimos días que acusan al ex primera vara y a su esposa de embolsarse las cajas del lote 1 de las playas de Can Picafort sin ser los adjudicatarios, condición, por otra parte, incompatible con el cargo de alcalde que desempeñaba Antoni del Olmo en esos momentos. Los últimos pasos del ministerio público en relación a la investigación que lleva a cabo en torno a una presunta trama de corrupción en el Ajuntament de Santa Margalida, tuvieron lugar el pasado lunes. Por una parte, declararon ante el teniente fiscal de las Illes Balears, Ladislao Roig, diversos testimonios que al parecer afirmaron que Antoni del Olmo y su esposa, Martina Alòs, se habrían beneficiado de la explotación de las playas canpicaforteres. La principal prueba aportada fue un dietario de la empresa Playas Mar Balear SL, explotadora de las playas de Muro, en el que aparecían entradas de Can Picafort. Mientras, miembros de la policía judicial irrumpieron en el Ajuntament para hacerse con el expediente de concesión de las playas.
El próximo lunes, podría tocarles a Bernat Riutort y a Martina Alòs comparecer ante el fiscal, nuevas declaraciones que aportarán nuevos datos.