A.HERNÀNDEZ
Siguiendo con el hilo de la investigación que la Fiscalía de las Illes Balears lleva a cabo en el municipio de Santa Margalida en relación a posibles casos de corrupción municipal, el Ministerio Público ha requerido al Consistorio el expediente de la concesión de las playas de Can Picafort que, desde el 2003, recae, en Riutort Verdera SL. El teniente fiscal de las Balears, Ladislao Roig, ha hecho este nuevo requerimiento al Ajuntament viler para esclarecer si el ex alcalde, Antoni del Olmo, se benefició de la explotación de las playas de Can Picafort aun no siendo el adjudicatario -imposible por la incompatibilidad con el cargo que ocupaba-, tal y como ha afirmado un periódico local.
El ex alcalde, a través de su abogado, Miquel Coca, aseguró que no es cierto. «Ni Antoni del Olmo ni su esposa, Martina Alòs, han obtenido ingresos de ningún balneario de Can Picafort». Además, Del Olmo explicó que «no formé parte de la mesa de adjudicación ya que delegué mi responsabilidad al teniente alcalde Miquel Ordinas por no poder asistir. Se adjudicó a la mejor oferta». En relación a la explotación de las playas de Can Picafort, el pasado lunes declararon ante el fiscal que instruye el caso varios testimonios, entre los que figuraba Gabriel Moranta, ex socio de Del Olmo y su esposa en la explotación de varios lotes en las Platges de Muro.
El abogado de Moranta, Vicenç Autonell, explicó que su cliente «declaró citado por el fiscal». El letrado afirmó que «el fiscal solicitó a Moranta la documentación contable de la empresa que compartía con Del Olmo y su esposa». «Dejamos en manos de la fiscalía una copia notarial del libro de contabilidad de Playas Mar Balear SL en el que hay entradas, del puño y letra del ex alcalde y su mujer, que reflejan cajas de la explotación de las playas de Can Picafort, cuando el fin de la empresa era la explotación de las Platges de Muro», dijo.