P.A.M.
El dirigente del Lobby per la Independència, Jaume Sastre, anunció ayer en rueda de prensa que hoy presentará ante la Audiencia Provincial de Palma un recurso de apelación contra la sentencia que le condena a pagar una multa de 200 euros por un delito de coacciones al director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, como consecuencia de su intento de acceder a la piscina del periodista en agosto de 2004 en defensa del derecho de uso público de la costa.
Asimismo, la concejala de EU-EV en el municipio de Son Servera, Conchi Peña, presente junto a Sastre en la comparecencia informativa, anunció nuevas movilizaciones ciudadanas «pacíficas y con respeto a la legalidad, como siempre». Consideró que la decisión judicial es una «vergüenza inasumible» y explicó que se trata de un hecho «muy grave» porque coarta, dijo, la libertad de expresión de ciudadanos que, además, son representantes de organizaciones políticas y sociales.
Peña criticó que la Justicia «consienta» que Ramírez siga «saltándose la ley a la torera» y recordó que, hasta el momento en que hay una sentencia firme, «no hay nadie culpable». «Seguiremos hasta que hayamos agotado todas las instancias en todas las causas que hay abiertas. Y si aun así no nos dan la razón, continuaremos protestando porque tenemos derecho a hacerlo», añadió.
Por su parte, Jaume Sastre que, además de por Peña, también estuvo acompañado de representantes del PSM, ERC y el grupo ecologista Gadma, manifestó que la sentencia es «contradictoria» y «no se aguanta por ningún lado». En su opinión, se basa en el «favoritismo» del juez Miquel Arbona ante el «miedo» a las «represalias» de Ramírez. «Dice que se me juzga por una serie de hechos que ni siquiera menciona a la hora de establecer la pena», apuntó. «Se me acusa de violencia psíquica y mobbing, cuando toda la jurisprudencia indica que emobbing sólo se puede dar de un superior a un inferior. Éste, evidentemente, no es el caso», continuó. Además, subrayó que el juez reconoce la ausencia de violencia física y que también admite que en agosto de 2004, cuando ocurrieron los hechos, no estaba restringido el derecho de paso y de uso público en la zona donde Ramírez tiene ubicada la piscina. Asimismo, Sastre criticó que aún no se le haya facilitado la grabación del juicio.