MICHELS/ENRIC ELOSÚA
Todos los partidos de la oposición en el Consistorio de Andratx entregaron ayer una solicitud pidiendo un pleno extraordinario y urgente a raíz de los acontecimientos acaecidos en las últimas semanas en el Ajuntament enmarcados en la denominada «operación Voramar». Los representantes de los distintos partidos que conforman la oposición PSOE, UM y PSM-ENTESA presentaron en el Ajuntament su solicitud de convocatoria de una sesión plenaria extraordinaria a consecuencia de «los graves hechos acaecidos en Andratx que han culminado con la detención y encarcelamiento, por orden judicial del alcalde y el celador municipal así como la imputación del titular del área municipal de Urbanismo». Piden que ante «la actual situación de parálisis total de los servicios municipales de Urbanismo y las grave repercusiones que esta situación puede tener sobre los ciudadanos de Andratx así como la normal actividad de promotores y constructores que operan en el municipio» en el orden del día se debata la «solicitud al Consell para que asuma temporalmente las competencias municipales en materia de urbanismo que legalmente sean asumibles por dicha institución». También proponen tratar «las mociones que relacionadas con las citadas competencias municipales y los hechos expuestos hayan sido presentadas en los últimos días».
Por su parte, el PSOE presentó otra moción, además de suscribir la anterior, en la que pide se adopte el acuerdo de que «el Ajuntament se persone en las causas que los jueces hayan abierto o abran tanto a cargos públicos como a técnicos u otro personal del Ajuntament de Andratx» y añade que la designación de los letrados en dicha personación sea aprobada con un respaldo mínimo del 66% del pleno municipal o de la junta de portavoces.
Por otra parte, el secretario general del PSIB-PSOE, Francesc Antich, pidió ayer que «salgan a la luz todas las situaciones anómalas de carácter urbanístico», con el fin de «acabar con ellas para dar credibilidad a las instituciones». Subrayó, la importancia de que «todos los partidos respeten la división de poderes», algo que a su juicio no se ha producido en la petición de audiencia al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, realizada por el president del Govern, Jaume Matas.