La Guardia Civil dejó ayer en libertad con cargos a Antonia Garí Riera, esposa del celador Jaume Gibert, uno de los tres encarcelados en la Operación Voramar.
La empresaria mallorquina, que regenta la tienda Colorins de ropa de niño, ubicada en la calle Constitució, acudió a la Comandancia de Palma acompañada de su abogado, Juan Luis Matas. Llegaron en taxi, se identificaron en el control de la entrada y luego pasaron directamente a la unidad de Policía Judicial, donde durante una hora y media Garí fue interrogada como imputada en un delito de blanqueo de dinero. Los investigadores le preguntaron sobre su participación en sociedades investigadas en la Operación Voramar y en concreto por la transmisión de acciones. La sociedad Inversiones Bruja recibió un pago de la entidad Inversiones Bruja, quien finalmente abonó 369.424 euros a Antonia Garí.
Los investigadores tratan de aclarar si se trató de un soborno relacionado con las actividades urbanísticas de su marido, aunque al parecer la dueña de la tienda de ropa negó cualquier cobro fraudulento. Garí ya declaró que los beneficios de aquel negocio eran extraordinarios, si bien la Benemérita cree completamente improbable que el considerable patrimonio de los Gibert-Garí se justifique con aquella tienda.
Muy tranquila
A la salida de la Comandancia, a la una y media de la tarde, la esposa de Gibert estaba tranquila e incluso sonriente. Ayer también declaró ante los investigadores el promotor Manuel Zapata, ex administrador de Prollamp, al que la Guardia Civil le imputa varios delitos. La tercera en declarar fue la aparejadora Cinta Moya, contratada como interina en el ayuntamiento de Andratx. Compareció acompañada de su marido y de su abogado, Eduardo Valdivia, y horas después salió libre, aún como imputada. La aparejadora insistió en su versión en que ella, desde su cargo en Andratx, no podía conceder licencias urbanísticas y que, por ende, era imposible que se lucrara económicamente con las recalificaciones de terrenos en Andratx.
Al margen de estas tres declaraciones, la Policía Judicial continuó ayer analizando la imponente documentación intervenida en los registros. De momento se sigue la pista de cincuenta expedientes falsos tramitados supuestamente por Gibert y a los que Hidalgo dio su visto bueno.