El Consell de Mallorca intervendrá finalmente en el Consistorio de Andratx y lo hará a petición del juez que instruye el caso. La situación en el Consistorio es muy difícil y los propios técnicos y responsables municipales admiten que no pueden dar abasto.
El juez Alvaro Latorre remitió ayer varias resoluciones al Consell de Mallorca. Entre ellas, una en la que se le instaba a que «valore la conveniencia de subrogarse en las competencias municipales de urbanismo».
Esta petición viene motivada por las declaraciones de la secretaria del Ajuntament d'Andratx, Ana Maria Abarca, en la que exponía al juez su preocupación por la situación del departamento de urbanismo y la falta de medios.
De acuerdo con esta providencia judicial, la funcionaria pidió al Juzgado «una resolución que ampare la posibilidad de suspender la tramitación de las licencias en curso» y de «adoptar la resolución correspondiente respecto de las nuevas que puedan solicitarse».
La secretaria de la Corporación local explicó al juez que desconoce «los técnicos que puedan hallarse imputados a efectos de informe de cada expediente administrativo».
La responsable municipal trasladó asimismo al juez «el peligro de que licencias ya presentadas resulten otorgadas por el juego del silencio administrativo positivo», dado que «gran parte de los expedientes de Urbanismo» están «en poder de la Guardia Civil para su estudio».
Bartomeu Vicens, responsable de política Territorial del Consell, explicó ayer a este diario que había solicitado un informe jurídico sobre cuáles eran las competencias que podía asumir y qué procedimiento debe seguirse. Vicens no aclaró si finalmente se subrogarán (o asumirán) todas las competencias pero destacó su voluntad de «colaborar con la Justicia en todo lo que nos pidan y podamos».
Nada más conocer la respuesta del Consell, el portavoz del PP en la institución, Fernando Rubio, calificó de «paso adelante» que la institución estudie la actuación sobre algunas áreas urbanísticas de Andratx.
Precisamente el día anterior, PP y UM se opusieron a discutir una moción conjunta de todos los partidos de la oposición que solicitaba que el Consell asumiera la competencias.
Vicens no era partidario de asumir estas competencias ya que, dijo, retrasaría el proceso.
La situación es muy compleja y crea inseguridad jurídica y algunos expertos, además de la propia secretaria de la Corporación, valoran incluso posibilidad de suspender la tramitación de licencias.