LAURA MORRAL
El jefe del servicio de escolta de Pedro J. Ramírez, Pedro Gómez, aseguró en el informe supuestamente incriminatorio contra Jaume Sastre que el 13 de agosto de 2004 actuó siguiendo las instrucciones que le dieron, «personalmente» a él, el antiguo coronel de la Guardia Civil, Cristóbal Santandreu, y el delegado de Gobierno, Ramon Socías. Según cuenta Gómez en esta declaración -que salió a la luz el mismo día de la vista oral después de haberse «extraviado» durante dos años- ambos le ordenaron que en caso de actitud hostil o posible peligro no permitiera el paso de los visitantes por el dominio público que ocupa la piscina de Pedro J. Ramírez
El jefe de escoltas ratificó esta misma versión el día del juicio oral. Según relató, la Delegación del Gobierno le informó de que Sastre tenía la intención de convocar una rueda de prensa en el mirador de la Costa dels Pins, junto a la piscina del periodista. Por esta razón, según expuso, estuvo en actitud «vigilante» desde las doce del mediodía. Durante la declaración, que coincide casualmente con el informe que emitió el sargento primero de la Guardia Civil de Artà Enrique Martínez Valverde el pasado lunes 20 de noviembre, Gómez corroboró que en torno a la piscina se reunieron una veintena de personas con actitud hostil y banderas independentistas que proferían insultos y amenazas e intentaron acceder por la fuerza a la piscina del periodista.
En este sentido, fuentes de la Delegación del Gobierno informaron a este diario que esta institución no tiene potestad para dar órdenes a un guarda de seguridad contratado por una empresa privada, pero evitaron entrar en el tema. El general Cristóbal Santandreu no hace declaraciones.
Tanto las manifestaciones del escolta como la del sargento de Artà pueden servir como pruebas incriminatorias contra Jaume Sastre en el juicio, aunque el documento de Gómez no se conociera hasta el mismo día de la vista oral por un «extravío» de la propia Guardia Civil de Artà.
Sobre este asunto, Delegación del Gobierno y la Dirección General de la Guardia Civil afirmaron que no se pronunciarán mientras el caso se encuentre «sub iudice». Fuentes de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid señalaron ayer que «no hay ninguna investigación puesto que es un tema judicial. Será el juez quien determine lo que proceda».