M.JUNCOSA
Las asociaciones empresariales de promotores y constructores inmobiliarios de Balears y los colegios de arquitectos y de aparejadores se mostraron ayer cautos y prefirieron esperar a que los detenidos pasen a disposición judicial y el juez se pronuncie, antes de valorar la presunta trama de corrupción urbanística en Andratx que ha generado la detención del ex alcalde, Eugenio Hidalgo, y del ex director general de Ordenación del Territorio del Govern, Jaume Massot, entre otros. Por el contrario, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria afirmó que «se veía venir» y que «corrían rumores sobre la intervención» de la Fiscalía.
El presidente de la Asociación de Constructores de Balears, Sebastià Pastor, se mostró partidario de esperar a la actuación del juez antes de definirse. «Se trata de una actuación muy grave y, en todo caso, esperamos que sea un caso puntual y único en Mallorca», afirmó. «Sabíamos de las denuncias contra el alcalde de Andratx, pero nada acerca de Jaume Massot, con quien yo he trabajado en la redacción del la Ley del Suelo», añadió.
El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios, Gabriel Oliver, fue más escueto y explicó que la junta directiva de la patronal decidió anteanoche no pronunciarse hasta disponer de una «información concisa» sobre el caso. «En estos momentos sólo conocemos lo que ha salido publicado en los medios de comunicación», añadió.
Por su parte, el presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca, Jaume Gibert, también declinó valorar el caso hasta conocer el pronunciamiento del juez.
El presidente del Colegio de Arquitectos de Balears, Luis A. Corral, manifestó la «confianza absoluta» de la institución en la actuación de la Justicia. «La justicia debe ser contundente y esperamos que saque de la administración pública a cualquier persona que se valga de su cargo para enriquecerse», dijo.
El portavoz y miembro de la junta directiva del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears, Mariano Ogazón, informó que el sector «veía venir» la actuación judicial. «Esto se veía venir porque se habían conculcado derechos y corrían rumores de que habría una actuación judicial», indicó.A juicio del portavoz de los API, «esta actuación demuestra que las instituciones funcionan y que no puede permitirse una política del todo vale». Ogazón se mostró en todo caso partidario de esperar a la intervención del juez y «no hacer leña del árbol caído».