JAVIER JIMÉNEZ
Más de cuarenta personas, entre políticos, funcionarios, abogados, arquitectos, aparejadores, empresarios, constructores y promotores, aparecen como imputados en la Operación Voramar. Uno a uno todos ellos serán llamados a declarar en la Comandancia de la Guardia Civil de Palma y si colaboran con los investigadores muchos de ellos pasarían a ser testigos.
Eugenio Hidalgo, alcalde de Andratx; Jaume Massot, director general de Ordenación del Territorio del Govern Balear y Jaume Gibert, celador de Urbanismo de Andratx, pasaron ayer su primera noche en los calabozos de la Comandancia palmesana, en celdas separadas, para que no puedan comunicarse entre ellos. Su estado anímico es precario: están muy deprimidos y los tres han llorado en distintas ocasiones, sobre todo Gibert. Por la mañana no quisieron declarar ante la Benemérita, pero por la tarde los abogados Rafael Perera, Fernando Mateas y Miquel Capellà se trasladaron a las dependencias beneméritas para estar presentes en la toma de declaración oficial de los tres detenidos.
La noche fue también muy larga para los agentes del Seprona, EDOA y Policía Judicial que registraron el ayuntamiento de Andratx. Estuvieron en el castillo de Son Mas todo el día y la noche, y a las ocho de la mañana de ayer dieron por finalizada la operación. Cargaron seis furgonetas con cajas repletas de folios y expedientes, y se llevaron 200 gigas de información digitalizada del área de Urbanismo. Durante la noche también fue detenida María Isabel Capó Seguí, que del 2003 al 2005 fue jefa accidental de Urbanismo en Andratx. En la actualidad está contratada en la conselleria d'Educació del Govern Balear.
La declaración de la mujer se prolongó durante horas, y al parecer fue de gran provecho para los investigadores, que por la mañana la dejaron en libertad. También fue arrestado y luego puesto en libertad el abogado Ignacio Mir, que trabaja para el ayuntamiento de Andratx. Los letrados Santiago Rodríguez Miranda y Pau Vidal también colaboraban con Mir en los asuntos municipales, aunque no han sido citados a declarar. Otra de las personas investigadas es la aparejadora municipal, Cinta Moyá. El arquitecto Miguel Arenas y María Antonia Garí Riera, mujer de Gibert, siguen imputados y se está rastreando su patrimonio. Garí tiene parentesco con Bartolomé Barceló, el fiscal jefe.De momento el valor de los bienes intervenidos en la Operación Voramar supera los siete millones de euros. Se trata de una mansión, varios pisos, una lancha de lujo, cuadros de gran valor (entre ellos una litografía de Miró y una obra de Tàpies), joyas, relojes y dinero en efectivo. Tal y como adelantamos ayer, la Operación Voramar se encuentra en su primera fase y el número de testigos que declaren podría superar el centenar. De hecho, ayer en el cuartel de la Guardia Civil de Andratx fueron citadas algunas de estas personas. Uno de los grandes problemas con los que ahora se encuentran los investigadores es que el volumen de material intervenido (dossiers, expedientes, informes y valoraciones urbanísticas) es descomunal, entorno a los 50.000 folios, y se precisa de tiempo para analizarlo. En cualquier caso, el examen de estos documentos precipitará casi con toda seguridad la detención de otros implicados que, de momento, no aparecen en la lista inicial. «Ahora le toca el turno a muchos constructores, empresarios y promotores que ganaron muchos millones en los últimos años, con Hidalgo. Tenemos que confirmar si pagaron comisiones para construir en ciertas áreas que estaban protegidas», explicó ayer una fuente judicial.
La Agencia Tributaria también está volcada en el caso y analiza los movimientos bancarios de los acusados y las propiedades de muchos de los imputados, que podrían quedar congeladas y ser embargadas. Ayer también se supo que hace unos diez años Gibert se apropió, supuestamente, de una parte de una calle estrecha de la barriada de Hostalets. En concreto, fue denunciado por crear su corral en un terreno municipal. Una vecina recogió firmas por aquel escándalo y el alcalde de entonces, Joan Fageda, se interesó por el tema. Sin embargo, el tramo de calle supuestamente «robado» no se reintegró, según la denunciante.