MARTA MEDRANO
Una moción del PSOE sobre la gratuidad de los libros de texto provocó un debate de más de una hora en el último pleno de sa Pobla que culminó con una nueva moción de urgencia presentada por el alcalde, Antoni Serra, tras negarse el PP a aceptar la propuesta socialista de destinar 48.000 euros del presupuesto municipal para que los 770 alumnos de Infantil y Primaria de sa Pobla cuenten con una ayuda de 60 euros cada uno para costear el gasto de los libros de texto de cara al próximo curso. Serra justificó su negativa alegando que no se trataba de una competencia municipal y pidió a Lluís Socies (PSOE) que aceptara una enmienda para pedir ayudas al Gobierno central.
La testadurez de Socies, que se negó a aceptar la enmienda, dio paso a la moción del PP, que fue la que acabó aprobándose por mayoría absoluta y que insta al Govern y también al Gobierno central a elaborar un sistema global con fondos de préstamo de libros encaminado a que los libros acaben siendo gratuitos para todos los alumnos. La moción alternativa de los populares no gustó a la oposición, que acabó absteniéndose o votando en contra. Joan Fiol, del PSM, calificó la maniobra popular como «un ataque de celos del alcalde porque la propuesta del PSOE es magnífica», mientras que Independents per sa Pobla lamentaron que el PP se «aprovechara de la mayoría absoluta». La edil de UM, Joana Alomar, optó por criticar «el negocio editorial que existe detrás de los libros de texto».
Al margen de esta moción, el pleno debatió también la presentación de un proyecto global para arreglar la canalización de pluviales de parte de las calles Gran, Antoni Maura, Comerç, Mister Green y Gómez Ulla a la línea de subvenciones del Pla d'Obres i Serveis del Consell. El proyecto, con un presupuesto de 498.427 euros, es una continuación del que se lleva presentando hace ya ocho años para poner a punto las pluviales en todo el municipio. El portavoz de Independents, Joan Comes , lamentó que año tras año se encargue el proyecto «a dedo» a la misma persona. El nacionalista Fiol fue más allá y calificó la práctica de «ilegal y caciquil». El edil de Urbanisme, Joan Palou, justificó la adjudicación a una misma persona por tratarse de un proyecto global.