El fiscal anticorrupción de Balears, Joan Carrau, considera de que existe «un alto riesgo de fuga» del empresario Salvador Llinàs Bauzá, al que le imputa siete delitos en la supuesta trama de evasión de capitales por valor de 18 millones de euros en la compraventa de vehículos de alquiler en Montuïri.
La investigación de este caso la está desarrollando el juzgado de Instrucción número 1 de Palma, y también aparece como imputado el alcalde de Montuïri, Gabriel Matas.
El fiscal, que pidió el ingreso en prisión de Llinàs Bauzá debido a que por los supuestos delitos que cometió puede ser condenado a 24 años de cárcel, señala en su escrito que «sigue dirigiendo la actividad de sus hijos y familiares y que toma decisiones fundamentales en su grupo de empresas».
«Se ha evidenciado que este grupo empresarial realiza manipulaciones documentales, realiza la emisión de facturación inveraz de forma continuada y se organiza con otras sociedades para conseguir la defraudación masiva a la Agencia Tributaria», añade.
Por ello considera «evidente» que «el dinero conseguido de este modo y con defraudaciones en otros países ha sido ocultado y disfrazado su origen y lo ha dirigido y controlado el imputado».
Carrau insiste en que el riesgo de fuga existe por cuanto «la gravedad de las penas que se pueden imponer genera en sí mismo un peligro fundado de que el imputado pretenda evadirse de su posible imposición».
«El denunciado cuenta con numerosos e importantes recursos económicos que posibilitan y ayuda a su fuga», afirma el fiscal anticorrupción.
El escrito del fiscal anticorrupción recuerda que la medida ya adoptada de prohibición de abandonar el territorio español e intervención de su pasaporte de Salvador Llinàs Bauzá «se ha visto ineficaz puesto que el acusado ha seguido reiterando conductas delictivas». Señala que el curso de la investigación, «puede verse seriamente alterado con la libertad del denunciado, que al realizar sus actividades delictivas en concurso con otras personas puede alertarlas y ocultar la documentación y pruebas que se pretenden obtener». Subraya que el imputado «está capacitado para acceder por sí o a través de terceros a la documentación mercantil de otras sociedades relacionadas con la trama».