La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de la ciudad de Inca, Pilar Anguita, ha admitido a trámite la querella criminal presentada por los trabajadores de Yanko y el sindicato UGT, contra el empresario Xavier Camp por un presunto delito de alzamiento de bienes.
El fiscal anticorrupción de Baleares, Joan Carrau, pide por el presunto delito una fianza para Xavier Camp de 1.800.000 euros por responsabilidad civil. En el caso de que Xavier Camp no preste esta fianza, se decretará el embargo de los bienes del denunciado por el cierre de Yanko.
De esta manera, el aún propietario de Yanko, Xavier Camp, será llamado a declarar en calidad de imputado para el próximo nueve de octubre. Además de Camp, también tendrán que acudir a declarar como imputados el representante de la empresa Yanko, Francisco Javier Unzueta, y el administrador de Cesgarden, Miguel Ramis.
Cabe decir que la empresa Cesgarden es la entidad que compró la fábrica de Llucmajor y obtuvo un beneficio con la posible compra-venta defraudatoria de la nave por parte de Yanko. Dos días después de la venta de la mencionada nave, el 26 de octubre de 2005, se presentó el concurso de acreedores, sin que se mencionara la venta de la nave, y también se presentó la regulación de empleo que ha afectado a la gran mayoría de la plantilla de trabajadores de Yanko.
El secretario de la acción sindical de UGT, Manuel Pelarda, dijo ayer que «con esta querella criminal lo que pedimos es que Xavier Camp asuma todas sus responsabilidades». Además, Pelarda, denunció que «hasta ahora tanto los trabajadores como UGT nos hemos sentido muy solos pero con la admisión de la querella por parte de la jueza las cosas han cambiado».
Por esta razón el secretario de UGT aseguró que «posiblemente ahora ampliemos la querella porque nos sentimos apoyados y porque la única finalidad de Yanko ha sido destruir 140 puestos de trabajo».