La operación de compraventa de Yanko dependerá de cómo el Gobierno central asuma parte de la deuda que la empresa de calzado tiene contraída con la Administración central, en concreto con Hacienda y la Seguridad Social, que asciende a 1,5 millones de euros, según declaró ayer el conseller de Comerç, Industria y Energía, Josep Juan Cardona, tras la reunión mantenida en la sede de la consellería con los administradores judiciales, representantes sindicales y el conseller de Treball, Cristófol Huguet. Esta deuda, desconocida en opinión de Juan Cardona por parte del Ejecutivo autonómico, pero no así por los representantes sindicales, entre ellos el secretario de Acción Sindical de UGT, Manuel Pelarda, se va a negociar con el Gobierno central. «En principio no veo razón alguna para que la Administración central no la renegocie, porque ya lo ha hecho en anteriores ocasiones. Está claro que de ello dependerá la operación de compraventa por parte de las cuatro empresas que optan a la misma».
La deuda de 1,5 millones de euros viene motivada por las indemnizaciones de los 115 trabajadores despedidos, que tienen que cobrar una media de entre 17.000 y 18.000 euros. Esta cantidad sumada a los 400.000 euros que se deben a entidades privadas, arroja los 1,9 millones que constituyen la masa de quiebra de la empresa, es decir, la deuda contraída después de que el expediente de liquidación haya entrado en los juzgados y que es lo primero que debe ser satisfecho, una cifra que se añade al total de 14 millones de euros del pasivo total de la empresa.
El conseller indicó que todas las partes están de acuerdo con la propuesta, pero quiso dejar claro que el Govern «no tiene competencia alguna en proceso de venta», aunque apuntó que la deuda de la empresa con la administración autonómica, unos dos millones, será renegociada y asumida. Respecto a las cuatro ofertas, dijo que todas corresponden a empresas peninsulares y sólo una, que cuenta con parte del capital mallorquín, pertenece al sector del calzado. Consideró lógico que se opte por «el mejor proyecto y el ofrezca más viabilidad económica», al mismo tiempo que dejó claro que Yanko nunca dejará de tener su sede en Mallorca. Para Pelarda, es vital que el Gobierno central asuma en parte o renegocie la deuda de 1,5 millones de euros, «porque así ya lo ha hecho el Govern. Se trata de que las administraciones se pongan de acuerdo, porque en caso contrario tendrán que dar cuenta ante la opinión pública de cercenar la viabilidad de Yanko, de no permitir su compra y de no haber sabido defender el tejido industrial balear, cuyo futuro está en juego».