LL.PLANAS.
La Delegación del Gobierno en Balears decidió ayer, sólo 24 después de una primera resolución, limitar y modificar las condiciones de la manifestación autorizada para día 19 de este mes, en la playa de sa Marjal de Son Servera, para denunciar ante la opinión pública «el inicio del proceso de privatización de la costa de Mallorca» que supone la resolución del Ministerio de Medio Ambiente a favor del periodista Pedro J. Ramírez.
Esta segunda resolución sería ilegal, según manifestó ayer el abogado de algunos de los convocantes, Josep de Luis, que tiene previsto presentar hoy un recurso contencioso-administrativo contra la misma frente al TSJB. Alega que la segunda resolución supone una vulneración del derecho fundamental de reunión. «La ley orgánica que regula el derecho de reunión (9/83) establece que la administración tiene un plazo de 72 horas para denegar o modificar una solicitud de concentración, plazo que ha sido superado por lo que la segunda resolución de la Delegación del Gobierno sería ilegal». Considera que la Delegación del Gobierno «cae en una contradicción utilizando los mismos fundamentos de derecho en una resolución que en la otra, modificando las condiciones en 24 horas». «La modificación es una tomadura de pelo y sólo puede entenderse por presiones de alguien a quien no le ha gustado las condiciones establecidas».
Ramon Socies, firmó ayer una segunda resolución que «modifica» el lugar de celebración de la concentración marítima. Propone ahora «que se celebre desde eamarador situado en la Punta d'en Roig en dirección Cala Bona-Cala Millor». Establece que «las embarcaciones que deseen participar en la manifestación habrán de respetar, en sus rutas de acceso al punto de concentración, una distancia no inferior a 500 metros de la línea de costa ante la urbanización de la Costa de los Pinos, así como una velocidad mínima no inferior a los 3 nudos». Así se impide a los manifestantes concentrarse en la mar frente a la piscina de Pedro J. Ramírez, que se encuentra en dominio público (querían hacerlo a 50 metros de tierra), y que es el objeto de denuncia por los manifestantes.
La Delegación del Gobierno se fundamenta en que «los términos en que se plantea la concentración anunciada, en cuanto al lugar de celebración de la misma, lesiona la intimidad del señor Pedro J. Ramírez», y que «no pueden pasar desapercibidos los conflictos de naturaleza judicial penal existentes» entre algunos de los promotores de la convocatoria con el señor Ramírez. El mismo día se ha autorizado al otro lado de la playa de sa Marjal, una «contramanifestación» convocada por la «Societat Cultural Círculo Balear».