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Andratx

La Fiscalía denuncia al alcalde de Andratx por las obras que llevó a cabo en su nave agrícola

El Juzgado de Instrucción número de 1 de Palma debe ahora valorar si se puede imputar a Hidalgo algún delito

Imagen de la presunta nave agrícola propiedad del alcalde de Andratx.

PEDRO AGUILO MORA/C.R.G.
La Fiscalía de Medio Ambiente tiene puesto el punto de mira sobre el modelo urbanístico que rige el crecimiento inmobiliario de Andratx. Tras denunciar la concesión municipal de las licencias urbanísticas que han permitido la construcción de media docena de viviendas plurifamiliares en suelo protegido en la zona de s'Almudaina, popularmente conocida como Monport, el fiscal Adrián Salazar acaba ahora de plantear una denuncia contra el alcalde andritxo Eugenio Hidalgo (PP) por las obras que éste llevó a cabo en una nave agrícola de su propiedad sita en el predio de Son Moné.

Tal y como publicó Ultima Horaen su edición del 10 de noviembre de 2005, el PSOE ya advirtió entonces de que la ejecución de estas obras (posteriormente denunciada por el policía local Joan Enseñat ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Baleares) contribuyeron a convertir la mencionada nave agrícola en una «vivienda unifamiliar aislada de dos plantas de unos 100 metros cuadrados, con sus chimeneas, porches, antena parabólica y cuarto de baño», a la que al parecer, debe añadírsele una «edificación auxiliar de 50 metros cuadrados».

Tras solicitar al Ajuntament d'Andratx el expediente urbanístico que supuestamente dio cobertura legal a la reconversión del almacén agrícola en vivienda, y haber trasladado la citada denuncia ante el tribunal competente, el fiscal deberá esperar ahora a que el juez indague si existen indicios de delito en la ejecución de las obras en cuestión. No obstante, al alcalde de Andratx podrían serle imputados varios delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental.

Eugenio Hidalgo reconoció ayer a este rotativo estar al tanto de la denuncia cursada por el fiscal Salazar aunque, según recomendación de su abogado Rafael Perera, declinó hacer declaraciones al respecto. Lo único que apuntó el alcalde fue que cuenta con todo el apoyo de su partido y que, en el momento de ser expedida, la licencia urbanística en la que se amparó para ejecutar las obras denunciadas se ajustaba a los informes pergeñados por los servicios técnicos municipales.

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