Los trabajadores de la empresa Yanko ratificaron ayer en el juzgado de Inca la querella criminal que presentaron hace cerca de un mes contra el actual propietario de la marca, el catalán Javier Camp Vila.
Los empleados denuncian las presuntas irregularidades cometidas en el último año durante el proceso de presentación del concurso de acreedores que afecta a la marca Yanko y que culminará con el despido de más de ciento cincuenta trabajadores. Los trabajadores sospechan que se han ocultado datos decisivos en el proceso como la operación de venta de la nave que Yanko poseía en Llucmajor o el traspaso de los locales de Barcelona a la firma Dolce Gabana.
En la querella los trabajadores exponen que apenas cinco días antes de presentar el concurso de acreedores se produjo la venta de la nave de Yanko en Llucmajor a la empresa Cesgarden y que, acto seguido, se firmó un contrato de arrendamiento de la nave. Los trabajadores también denuncian que un día antes de presentar el concurso Yanko resolvió el contrato de arriendo que tenía sobre el local que ocupaban las oficinas y la tienda del Paseo de Gracia en Barcelona, sustituyéndolo por un contrato con menos derecho.
Los trabajadores, que acudieron ayer a primera hora al juzgado de Inca para ratificar la querella se encuentran ahora a la espera de la decisión judicial que determinará el volumen de las indemnizaciones que recibirán como contraprestación por los despidos. Antonia Capó, del comité de empresa, explicó ayer que «hace un mes que no tenemos trabajo, acudimos a las fábricas para hacer acto de presencia pero no podemos trabajar».