JOAN RIERA
Omniprint, la planta que imprime el diario «El Mundo», presentó ayer en el Ajuntament de Santa Maria las alegaciones contra la anulación de la licencia con la cual levantaron 17 metros de altura en el polígono de Son Llaüt, cuándo el máximo permitido es de diez. Se presentaron a media mañana, último día de plazo que tenía la empresa para intentar no quedar fuera de la ley. El 30 de julio de 2002 la comisión de gobierno municipal creía que aprobaba una nave de 10 metros de altura, pero dentro el expediente «se colaron» dos planos falsos de 17 metros que serían sellados «por error». Ahora la alcaldesa Rosa Vich, y una vez estudiadas las alegaciones, procederá a convocar un pleno entre los días 24 y 27 con el fin de anular aquel «error».
Las alegaciones de la planta de «El Mundo», en las que ha intervenido un importante buffet de abogados madrileños, contienen un duro ataque contra el Ajuntament, al que acusa de estar a las órdenes del Consell. Son unas alegaciones más políticas que jurídicas en las que, en lugar de defenderse, Omniprint carga contra la institución.
Todo apunta que una vez tomada la decisión del plenario, la alcaldesa remitirá a los jueces el expediente de Omniprint para que ratifiquen que la planta impresora quede definitivamente fuera de la ley. El Ajuntament contratará a un asesor jurídico para la cuestión. También el concejal de Llucmajor, Joaquín Rabasco, llevará el caso a los tribunales por vía penal ya que ve delitos de falsedad documental y urbanístico, entre otros.