LL.PLANAS
El Ministerio de Medio Ambiente ha resuelto la «privatización» de la piscina de uso público que se encuentra en la Costa de los Pinos a partir del proyecto de regularización que presentó Pedro J. Ramírez, gestor de la concesión del dominio público marítimo-terrestre donde se encuentra esta instalación.
El pasado 7 de julio el director general de Costas, José Fernández Pérez, por delegación de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, firmó una resolución en la que ratifica, primero, la suspensión del uso público de esta zona, acordada por una Orden Ministerial del 17 de mayo de 2005. En segundo lugar, aprueba el proyecto de regularización del uso público de la piscina que presentó Pedro J. Ramírez el 21 de diciembre de 2005. Este proyecto plantea transformar la piscina en una instalación «ecológicamente sostenible» aprovechando el agua del mar y que, de manera muy restringida, podrá ser visitada por escolares de Son Servera en determinados momentos del año -grupos de diez niños, durante dos horas, y sólo en mayo, junio, septiembre y octubre-.
Este proyecto «educativo» contó con el aval del conseller d'Educación i Cultura del Govern, Francesc Fiol, que firmó un documento manifestándose partidario de realizar un convenio de colaboración con Pedro J. Ramírez. A cambio, Ramírez planteaba hacerse con el uso privativo de la piscina pública durante el resto del año «como compensación por el abono del canon concesional y por las inversiones y gastos de mantenimiento generados por el programa de uso público descrito». En la resolución de Costas se deja claro que fuera del uso escolar «la utilización de la piscina estará restringida a personas autorizadas por el gestor de la concesión».
El director general de Costas reconoce que su resolución modifica las condiciones de la concesión otorgada a la titular, Giuliana Arioli, en enero de 2001 por el entonces ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas. La presentación del proyecto de regularización por parte del gestor es el reconocimiento de la irregularidad cometida durante más de seis años con un uso privativo de este espacio público.
Pedro J. Ramírez tendrá que ejecutar una serie de obras en la instalación para adecuarla al único uso público que tendrá: la visita de grupos de escolares de Son Servera. La resolución le concede un plazo de tres meses para convertir la piscina en «ecológicamente sostenible», recogiendo agua del mar con la energía de cuatro paneles fotovoltáicos, según se explica en el proyecto. Además, deberá construir unos servicios e instalar paneles didácticos seleccionados por la Administración.