J. RIERA
Los abogados del concejal de Llucmajor Joaquín Rabasco estudian la posibilidad de emprender acciones penales contra los propietarios de la empresa Omniprint (Unedisa, Vermont y el Grupo Barceló) por los delitos que pudieron cometerse en el momento de la concesión de la licencia de la planta impresora de «El Mundo». La decisión del concejal de Llucmajor es consecuencia de la entrevista publicada ayer en estas páginas con la alcaldesa Rosa Vich.
Rabasco explicó a este diario que hoy, antes de prestar declaración en el Juzgado número 6 por la presunta malversación de caudales públicos, tiene previsto desplazarse a Santa Maria y presentar un escrito en el Ajuntament. Este documento insta a la alcaldesa a que «ordene de forma inmediata el precinto de la industria clandestina Omniprint» donde se edita el diario «El Mundo», ya que «así se evitaría, de entrada, un presunto delito de prevaricación, amén del consentimiento que pueda existir en un delito de falsificación de documento público y delito urbanístico».
El escrito de Rabasco recuerda la afirmación de Vich, quien explicó que Omniprint se legalizó «por error». También destaca que esta planta tiene 4.500 metros cuadrados y una doble alzada de 17 metros. También señala que «según las declaraciones a la prensa como alcaldesa, puede desprenderse una mala fe por parte de Omniprint al incluir dos planos ilegales en la carpeta del proyecto, desembocando posiblemente en materias penales, y que me reservo como presidente de ASI ejercer contra la empresa como autora de una ilegalidad y contra este Ayuntamiento como cómplice».