El periodo de consultas abierto entre los representantes de Yanko y de los trabajadores con la mediación de los administradores concursales finalizó ayer sin acuerdo alguno. La situación es «desoladora» para los más de cien empleados de la marca de calzado que se irán a la calle previsiblemente sin cobrar las indemnizaciones correspondientes, según confirmó el representante de UGT, Manuel Pelarda. Previo informe de la Conselleria de Treball del Govern de les Illes Balears, el juez tendrá que determinar ahora la forma en que se ejecutan los despidos de todos los trabajadores de las fábricas de Llucmajor y Barcelona y de buena parte de la plantilla de Inca donde solo quedarán 25 trabajadores.
La reunión de ayer, la última de una serie de reuniones semanales iniciadas el pasado 17 de mayo después de que el juez autorizara el cierre total de las fábricas de Llucmajor y Barcelona y el cierre parcial de las de Inca, se desarrolló ayer en tiempo récord. La falta de entendimiento entre las partes fue tal que, según relató el representante de UGT, Manuel Pelarda, «ha durado más el levantamiento del acta que la reunión en sí». Antes de transcurrir una hora desde el inicio de la reunión en la calle Binissalem de Inca, a las 16,30 horas, los representantes de los trabajadores ya estaban de camino a casa. Anuncian, no obstante, que «pese a la desolación no nos conformamos, nos iremos luchando hasta el final» y así informan de su intención de pedir que quede sin efecto el aval que presentó el Govern sobre las marcas de Yanko para que estas pasen a formar parte de la mesa de quiebra y, por tanto, no puedan volver a ser utilizadas. Así lo comunicó ayer Manuel Pelarda (UGT) que dijo al respecto: «No hemos finalizado el proceso y cuando nos sintamos acorralados vamos a pedir que quede sin efecto el aval que presentó el Govern».
Los trabajadores no están dispuestos a consentir que el cierre de las fábricas de Yanko no tenga coste alguno para la empresa. «No solo pretenden trasladar la producción al tercer mundo sino que encima no están dispuestos a pagar indemnizaciones por los despidos», dijo Pelarda. Los representantes de UGT entregaron a los administradores concursales un informe en el que analizan todo el proceso judicial desarrollado hasta ahora y en el que se han sentido totalmente «desamparados».