150.00 euros de multa. Esta es la propuesta de resolución del Departament de Territori al expediente sancionador abierto contra la constructora del desdoblamiento de la carretera de Manacor que, el pasado verano, destruyó una cruz de término en las cuestas de Xorrigo. La constructora, a la que el propio Consell adjudicó el proyecto, tiene ahora quince días para recurrir la resolución. Y, una vez presentadas las alegaciones, el Consell podría reducir la sanción si restaura la cruz, aunque bajo ningún concepto se retiraría del todo. «Dada la presión que existe en estos momentos en materia de infraestructuras, construyéndose un buen número de carreteras, el Consell está especialmente susceptible a que no se atente contra el patrimonio», explicó ayer Bartomeu Vicens, conseller de Territori. «Aunque con pocos medios, intentamos que se respete el patrimonio y que expedientes como éste tengan efectos disuasorios», agregó.
El pasado mes de agosto, un camión de la obra derribó el fuste y la cruz de término de Algaida, dejando sólo la base. La cruz de sa Garriga o de Costa de Xorrigo es un Bien de Interés Cultural (BIC) y, por ese motivo, la Comissió Insular de Patrimoni Històric procedió a la apertura de un expediente sancionador. «La cruz resultó bastante dañada, fue desplazada sin ningún tipo de control y cuando se desplazó se rompió», explicó Joan Mas, director insular de Patrimoni. Todas las cruces de término están protegidas por un decreto del año 63 en que se declaraban BIC elementos como cruces o escudos.Según explicó Mas, «el Consell tiene constancia de que la empresa constructora procede a la restauración de la cruz, lo que sería motivo para reducir la sanción». Las obras del desdoblamiento de la carretera de Manacor las ejecuta la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por la constructora madrileña Sacyr Vallehermoso y por otras cinco mallorquinas: Melchor Mascaró, Aglomsa, Man, Maties Arrom Bibiloni y Eletro Hidráulicam. En el transcurso de la obra también se ha denunciado la demolición de un hostal, así como la destrucción del monolito conmemorativo del Puig de Sant Miquel. Estos monumentos no estaban catalogados y el Consell procedió a su derribo a pesar de su valor sentimental.