LLUÍS PLANAS
El fiscal anticorrupción de Baleares, Juan Carrau, ha abierto diligencias previas por el «caso ses Salines», el escándalo político destapado el pasado verano y en que están imputados judicialmente nueve alcaldes y dos tenientes de alcalde del PP, por haber emitido diferentes certificados y documentos presuntamente falsos que serían utilizados por el entonces alcalde saliner, Sebastià Vidal, también del PP, para pedir un interés general al Consell de Mallorca para legalizar su vivienda y unas cuadras ilegales construidas en suelo rústico.
Hay que recordar que el pasado 3 de agosto Ultima Hora desveló que los responsables de estos ayuntamientos avalaron un interés general solicitado por Vidal para que su vivienda se convirtiera en la sede de esta agrupación. Y lo hicieron certificando que la Agrupació de Cavallistes de ses Salines había actuado en sus municipios desde el año 1996, cuando realmente no se constituyó hasta el año 2001. Un mes después de destapado el escándalo, dimitió el alcalde de ses Salines, Sebastià Vidal, mientras que los otros alcaldes del Partido Popular implicados en el caso se defendieron asegurando que desconocían el objetivo del ex alcalde saliner. De momento han prestado declaración en Palma el mismo Sebastià Vidal; el teniente de alcalde de Llucmajor, Joan Jaume Mulet, y el celador municipasaliner, Sebastià Escales. Este mes empezarán en la comarca de Inca.