El abogado defensor de la recaudadora de Sineu, Martina Gelabert, imputada por el supuesto delito de malversación de caudales públicos, entregó ayer un escrito ante la titular del Juzgado de Primera Instancia y de Instrucción número 2 de Inca en el que solicita que fije una fianza para la excarcelación de su cliente. Esa cantidad debe ser «superior a 230.000, pero no de forma excesiva», según el auto dictado por la Sección Segunda de la Audiencia de Palma en el que rechazó la puesta en libertad de Gelabert, en prisión desde el pasado 10 de abril. El letrado Eduardo Valdivia, que confirmó que la cantidad que fije la juez será aportada por los familiares de la recaudadora, añadió en su escrito que también relacione, «especificándolas», cuáles son las diligencias cuya práctica están en curso y que podrían ser entorpecidas, según el fiscal y la acusación particular, si sale en libertad.
En ese sentido, el abogado también solicitó a la juez que para preservar la buena práctica de esas diligencias le prohíba, por ejemplo, acceder a sus cuentas bancarias, a testigos, funcionarios del ayuntamiento, ya que «mi cliente está en la mejor disposición para colaborar con la Justicia», dijo. Añadió que la Audiencia Provincial de Palma «le ordenó» (a la juez) que reconsidere de oficio la posibilidad de poner una fianza, y que también se pronunció a favor de que se determine cuáles son las posibles diligencias que Martina Gelabert podría entorpecer si es excarcelada. Una de las razones que expusieron el fiscal Pedro Horrach y el abogado del Ajuntament de Sineu para oponerse a la puesta en libertad de la recaudadora municipal es «el elevado riesgo de fuga». También, recordaron que los delitos de los que se le acusa (malversación de caudales públicos, falsificación de documentos oficiales e infidelidad en la custodia del erario público) «son graves y podría ser condenada a una pena de 24 años de cárcel». La defensa, por su parte, minimizó todas esas cuestiones insistiendo en que Martina Gelabert «tiene un reconocido arraigo en Sineu». Asimismo, subrayó que a su cliente «ya la han condenado socialmente a través de un juicio paralelo sin precedentes en la reciente historia judicial de Mallorca». La juez, por su parte, continúa investigando el rastro del dinero (más de 700.000 euros) que, supuestamente, desvió la recaudadora.