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La Audiencia de Palma se opone a que Martina Gelabert sea puesta en libertad

La Sección Segunda rechaza el recurso de apelación presentado por la defensa de la recaudadora de Sineu

El regidor Guillem Fuster acudió a los juzgados de Inca acompañado del abogado del Ajuntament, Andreu Rotger.

P. CANDIA/E. BALLESTEROS
Los magistrados de la Sección Segunda de Palma consideran necesario que la recaudadora de Sineu, Martina Gelabert, imputada por el supuesto delito de malversación de caudales públicos, siga en prisión, pero con algunas condiciones.

Según el auto hecho público ayer, el tribunal expone una serie de consideraciones que le lleva a confirmar el auto (de prisión) recurrido, «pero recordando con todo el énfasis posible», subrayan, «que el cumplimiento de esta finalidad conlleva no sólo la obligación de determinar o concretar qué diligencias podrían entorpecer si estuviera en libertad la imputada».

Y añaden: «Y también la práctica (de diligencias) pronta y ágil de las mismas, de modo que no se prolongue la medida cautelar más allá de los estrictamente necesario, teniendo en cuenta que, respecto de algunas diligencias, cabe asegurar su práctica, sin interferencias indeseables, con otras medidas precautorias distintas a la de la prisión».

El tribunal atiende a las razones expuestas por el fiscal Pedro Horrach y el abogado de la acusación particular Andreu Rotger, que insistieron en la necesidad de que Martina Gelabert siguiera en prisión. Para ello, indicaron que los supuestos delitos que ha cometido «son graves» (malversación de caudales públicos, falsificación de documentos oficiales e infidelidad en la custodia del erario público), y puede ser condenada a 24 años de cárcel. Además, se refirieron al riesgo de fuga y a la alarma social que había creado. El auto de la Audiencia minimiza ese hipotético riesgo de fuga ya que «el arraigo, si es sólido y consistente, como todo da entender que es el Martina Gelabert en esta Isla, puede difuminar tal riesgo de sustrarse a la acción de la Administración de Justicia».

Matizan, asimismo, que ese riesgo de fuga «podría quedar paliado o minimizado con la fijación de una fianza», aunque «por supuesto no con los 6.000 euros que ahora se ofrece por la parte apelante, aunque tampoco sería necesario llegar a la cantidad interesada por el Ministerio Fiscal (un millón de euros)».

Según el tribunal, «una fianza como la de en su día ofrecida de 230.000 euros podría ser suficiente, quizás elevándola algo más, aunque no de manera excesiva».

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