El alcalde de Sineu, Josep Oliver (PP), presentó ayer en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Inca, durante su declaración ante la jueza Pilar Anguita, documentos que acreditan que el desfalco en el Ajuntament es superior a los 507.663 euros, cifra que había determinado la auditoría hecha hasta 1999.
Fuentes fidedignas informaron que se han estudiado los movimientos económicos desde 1996 hasta 1998 «y se han encontrado irregularidades, aunque no se sabe seguro la cifra final de estas investigaciones, ya que falta información que tiene que facilitar el banco». Ya hace cuatro semanas que desde el Ajuntament se han pedido una serie de documentos a Crédito Balear y la entidad bancaria no los ha facilitado.
Estas mismas fuentes aseguraron que «ahora se está haciendo otro estudio desde 1993 hasta 1996 y se llegará hasta 1988». «Hasta ahora la cantidad que se ha encontrado no es muy alta, aunque en aquellos tiempos ya eran bastante dinero».
Por esta razón, el fiscal del caso, Pedro Horrach, presentó ayer diligencias suplementarias ante la juez para realizar «un estudio ante la posibilidad cada vez más fuerte de que el agujero económico en el Ajuntament sea mayor».
En este aspecto, el abogado de la acusación particular, Andreu Rotger, manifestó que «ahora desde la Fiscalía se pedirán los documentos al banco y nosotros reiteraremos la petición con un escrito».
Por otra parte, ayer también acudieron a declarar en los juzgados de Inca el secretario accidental del Ajuntament, Dámaso Ibáñez, y el economista que redactó el informe sobre el desfalco hasta 1999, Joan Luis Vives.
El abogado Rotger explicó que «el secretario y el alcalde han declarado como testigos y en los dos casos han dicho todo lo que saben de manera extensa. En el caso del economista ha venido en calidad de perito a ratificar los resultados del estudio».
Por su parte, el fiscal dijo que próximamente se llamarán a declarar a los dos ex alcaldes, Josep Oliver (UM) y Andreu Matas (SI); los funcionarios; el secretario que ahora está de baja, Francisco Jiménez; el regidor de Hacienda, Guillem Fuster, y los empleados del banco de Crédito Balear.
Una vez terminadas todas las diligencias se incoará el procedimiento a la Audiencia Provincial de Palma y se realizará el juicio con jurado popular.