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Santanyí

La sociedad dueña de los chalets de Cala d'Or está al borde de la insolvencia

Gracia y Noguera, vinculada a la trama marbellí, tiene una tesorería «degradada»

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La situación financiera de la sociedad Gracia y Noguera SA, propietaria de los cuatro lujosos chalets de Cala d'Or vinculados a la trama de corrupción de Marbella, es precaria. Según los informes que se manejan en los círculos empresariales de Madrid, Gracia y Noguera SA tiene una rentabilidad «negativa», una tesorería «degradada», un equilibrio «deteriorado» y un endeudamiento «débil».

Hasta el pasado 31 de diciembre de 2003 (última dato que se conoce), su calificación de solvencia era de 3 sobre un máximo de 20 puntos. Por ello, los informes aconsejan que se actúe «con prudencia» para negociar con esa sociedad créditos de hasta medio millón de euros.

Gracia y Noguera SA, cuyo administrador único es el abogado Oscar Benavente Pérez, supuesto testaferro del «cerebro» de la trama marbellí, Juan Antonio Roca, fue constituida el 31 de octubre de 1986 en Hondarribia (Guipúzcoa) con un capital de 150.253 euros. Cuenta con cinco empleados y su actual domicilio social es San Sebastián de los Reyes (Madrid). En su historial como sociedad anónima destaca un crédito de los denominados «incobrables» reclamado por un organismo oficial el 23 de diciembre de 1999.

En el sector inmobiliario de Mallorca llama poderosamente la atención que una sociedad al borde de la insolvencia disponga de inmuebles en primera línea de mar de Cala d'Or por valor de más de 20 millones de euros.

En una situación distinta se encuentra Lippizar SL, propietaria de una casa-chalet en la finca Ca'n Marines en la urbanización Playa d'Or. La única sociedad sobre la que existe una orden de embargo dictada por el juez que investiga la trama de corrupción de Marbella, por ahora, presenta una tesorería, rentabilidad y equilibrio «excelente», según los informes financieros. Así y todo, sobre esa sociedad pesan cuatro reclamaciones administrativas de la Seguridad Social por un importe de 2.000 euros. Asimismo, en febrero de 2004 el Ayuntamiento de Madrid presentó una orden de embargo sobre Lipizzar.

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